En México, el número de personas desaparecidas ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. En 2022, el registro oficial alcanzó la cifra de 100.000, lo que representa un hito aterrador para el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado esta cifra, afirmando que es mucho menor. En un intento por demostrar su afirmación, el gobierno ha enviado funcionarios a verificar si las personas inicialmente reportadas como desaparecidas han regresado con sus familias.

Esta iniciativa ha provocado una reacción violenta de las familias de los desaparecidos y sus defensores, que temen que el gobierno esté intentando reducir las cifras artificialmente. La comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dimitió abruptamente el miércoles, en señal de alarma por la iniciativa del gobierno.

La disputa entre el gobierno y los grupos de derechos humanos es una muestra más de la crisis de desapariciones en México. Esta crisis es una violación grave a los derechos humanos, y sus causas incluyen la impunidad, la violencia de los grupos criminales y la falta de voluntad política para investigar y resolver los casos.