En política, los vacíos no existen. Apenas comienza a mencionarse la posible salida del secretario de Educación, Hugo Gutiérrez, —marcada por sus movimientos rumbo al 2027 y las inevitables lecturas electorales— y ya aparecen quienes levantan la mano antes incluso de que la silla quede libre.

Así empezó a calentarse el ambiente en el sector educativo estatal. Entre rumores, cálculos y posicionamientos tempranos, surgió una auto postulación que no pasó desapercibida: la de Omar Bazán.

Un nombre conocido en la política local, pero también acompañado de una larga lista de cuestionamientos. Su paso por distintas responsabilidades públicas ha dejado más polémica que resultados tangibles, particularmente en el sistema CONALEP, donde las expectativas iniciales contrastan con las críticas internas que hoy circulan entre trabajadores y actores del sector educativo.

La historia política de Bazán no necesita demasiada explicación para quienes han seguido la vida pública del estado. Como dirigente estatal del PRI mostró un estilo personalista que muchos calificaron de rígido, marcado por permanentes intentos de mantenerse en posiciones legislativas y de influencia partidista. Esa misma forma de operar, aseguran sus detractores, se habría trasladado a su gestión administrativa.

El señalamiento recurrente apunta a una estructura inflada y a decisiones que, lejos de fortalecer a la institución, habrían generado tensiones internas y desgaste operativo. Paradójicamente, llegó al cargo cuando —según versiones dentro del propio sistema— ya se habían corregido rezagos financieros y administrativos heredados de etapas anteriores.

Sin embargo, el discurso público del propio Bazán insiste en presumir buena relación con sindicatos y actores educativos, algo que desde distintos frentes se pone en duda. La crítica central no gira únicamente en torno a resultados, sino a un estilo político que, aseguran, privilegia la confrontación sobre la conciliación.

Y ahí aparece el verdadero fondo del debate: ¿qué perfil necesita hoy la educación en Chihuahua?

Porque más allá de nombres y aspiraciones personales, el sector educativo enfrenta retos estructurales que requieren estabilidad, diálogo permanente y capacidad de construcción institucional. La política educativa difícilmente puede convertirse en plataforma de proyectos individuales sin riesgo de fracturas internas.

Además, el historial de alianzas y rupturas políticas del aspirante alimenta suspicacias. Sus cercanías pasadas con distintos proyectos, cambios de interlocución y señales cruzadas hacia fuerzas políticas opuestas generan dudas sobre la claridad de su rumbo político y sobre a quién respondería realmente en una eventual posición de mayor poder.

En política suele repetirse una máxima sencilla: las instituciones no se debilitan desde afuera, sino desde sus propias decisiones internas. Por eso, más que la aspiración personal de un actor político, la discusión debería centrarse en quién garantiza estabilidad y rumbo en uno de los sectores más sensibles del estado.

El relevo en Educación, si llega, será inevitablemente leído en clave electoral. Y justo por eso, la decisión no solo definirá una oficina gubernamental, sino también el mensaje político que se envíe rumbo al 2027.

Porque al final, las postulaciones anticipadas dicen tanto del aspirante como de quienes deciden abrirle —o cerrarle— la puerta.