Redacción por: César Olvera

México ante un Nuevo Capítulo Migratorio, se enfrentará a Retos y Propuestas.

La experiencia acumulada entre 2019 y 2024 debe ser la base para formular las propuestas mexicanas en materia migratoria ante el próximo ocupante de la Casa Blanca y los organismos internacionales.

A solo tres días del cambio de mando en la Casa Blanca, la incertidumbre y el temor dominan los mercados financieros y los círculos políticos en México y en el mundo. Sin embargo, quiero centrarme en un tema que afecta de manera particular a nuestro país: la anunciada deportación de miles de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades.

La atención de la prensa y los analistas se ha centrado en la posibilidad de que Trump califique a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El foco está en el futuro secretario de Estado, Marco Rubio, y en el nuevo embajador en México, Ronald Johnson, quien trabajará bajo la dirección del exembajador Christopher Landau, ahora subsecretario de Estado. No obstante, en el tema migratorio, será más relevante la visión y decisiones de la futura secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará la gubernatura de Dakota del Sur, siendo la primera mujer en la historia de ese estado en ocupar dicho cargo.

Durante la primera presidencia de Trump, Kirstjen Nielsen ocupó ese mismo cargo y fue despedida de manera abrupta el 10 de abril de 2019, días después de una tensa reunión en el aeropuerto de Miami con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En esa reunión, Nielsen presionó para que el gobierno mexicano aceptara el papel de “tercer país seguro” y recibiera a miles de migrantes no mexicanos expulsados de Estados Unidos. Lo que Sánchez Cordero rechazó fue aceptado meses después, tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

La presidenta Sheinbaum aún debe decidir sobre la permanencia o relevo en la embajada mexicana en Washington. Esta decisión, que debería tomarse a más tardar la próxima semana, podría iniciar los esperados ajustes en su gabinete. Junto a este nombramiento, es crucial decidir quién del gabinete presidencial se encargará de la relación directa con la nueva titular de Seguridad Nacional.

Por ley, la política migratoria sigue bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, desde los acuerdos Ebrard-Pompeo, los temas migratorios y la operación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) han quedado bajo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy la pregunta es si Rosa Icela Rodríguez será la contraparte de Kristi Noem, o si esa tarea corresponderá a Juan Ramón de la Fuente. En cualquier caso, Omar García Harfuch tendrá un papel relevante.

Aunque Sergio Salomón Céspedes fue nombrado para sustituir a Francisco Garduño al frente del INAMI, hasta ayer Garduño seguía en el cargo, lo que plantea la duda de si habrá un cambio en el nombramiento de Céspedes o incluso una reubicación del organismo.

Es urgente que nuestro gobierno defina cuál será la política migratoria y el trato hacia los migrantes no mexicanos que serán deportados a México a partir del próximo lunes. También es necesario preguntar si los acuerdos Ebrard-Pompeo siguen vigentes y qué se hará si el programa “Remain in México” es reactivado unilateralmente por la nueva titular de Seguridad Nacional.

Existe el compromiso de brindar atención humanitaria a quienes sean deportados a través de nuestra frontera norte. En el caso de los mexicanos, es una obligación ineludible. Pero el tema que requiere una política específica es el de las personas de otras nacionalidades, incluidos niños, que sean deportados a México.

A principios de 2020, propuso llevar el tema a la ONU, a través de la oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR). La idea fue descartada en Palacio Nacional y se optó por un enfoque bilateral. Repetir ese enfoque producirá los mismos resultados negativos, con el riesgo inminente de colapsar la vida cotidiana en varias ciudades fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez.

El tema trasciende la relación bilateral, por lo que es aconsejable abordarlo desde una perspectiva multilateral, que involucre a los gobiernos de los principales países expulsores, empezando por los del triángulo centroamericano, Cuba y Venezuela.

México es un territorio de tránsito, no de destino.