Redacción por : Mtro Armando Garay

El escándalo de las camionetas blindadas de la Suprema Corte no es simplemente otro episodio de dispendio gubernamental. Es, en realidad, la radiografía perfecta de cómo funciona el gobierno federal actual: mediante la construcción de narrativas que colapsan al menor contacto con la realidad. En solo 72 horas pudimos observar el ciclo completo del modelo de simulación que define a la Cuarta Transformación: primero, la compra sigilosa de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee por 21.6 millones de pesos para ministros que prometieron austeridad; segundo, la justificación farragosa llena de tecnicismos y normas internas cuando fueron descubiertos; tercero, la defensa contradictoria desde el gobierno federal alegando “ahorro de mil millones de pesos”; y finalmente, la humillante reversa cuando la presión social se volvió insostenible.

Analicemos el caso de las camionetas con la frialdad que merece. Los ministros de la “nueva Corte del pueblo”, electos supuestamente para acabar con privilegios y corrupción, gastaron más de dos millones de pesos por vehículo blindado apenas cuatro meses después de asumir el cargo. Hugo Aguilar Ortiz, quien en septiembre prometió “un Poder Judicial austero, transparente, honesto y cercano al pueblo”, justificó la adquisición alegando que los vehículos heredados de la anterior integración estaban deteriorados. Sin embargo, casualmente omitió mencionar que cuatro de esos vehículos “heredados” fueron comprados por los ministros salientes como parte de su haber de retiro, un privilegio obsceno que la nueva Corte no se atrevió a cuestionar ni a eliminar. ¿Dónde quedó la transformación prometida?

Pero lo más revelador no fue la compra misma sino la reversa humillante. El domingo 25 de enero, tras solo tres días de escándalo mediático, los ministros anunciaron que no usarían las camionetas y que las devolverían o reasignarían. ¿Qué significa esto? Que la compra nunca fue urgente ni necesaria,si lo fuera, no podrían prescindir de ella ante la primera oleada de críticas. Lo que revela es que fue una decisión de conveniencia y privilegio que solo se detuvo cuando el costo político superó el beneficio personal. La “nueva Corte del pueblo” demostró que escucha al pueblo únicamente cuando el escándalo es demasiado grande para ignorarlo, no porque tenga un compromiso genuino con la austeridad que pregona.

Este episodio debe entenderse en el contexto más amplio de la colonización del Poder Judicial por parte del oficialismo. La reforma judicial que impuso la elección popular de jueces no buscaba democratizar la justicia sino subordinarla al poder ejecutivo. Los resultados son claros: la nueva Corte lleva un marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T en temas políticamente sensibles. ¿Coincidencia? Solo para quienes creen en la magia. La compra de camionetas de lujo no fue un error aislado sino una señal de que los nuevos ministros ya asumieron la lógica del poder: primero asegurar privilegios personales, después cumplir funciones jurisdiccionales. ¿No era esto exactamente lo que se criticaba de la “mafia del poder” a la que supuestamente venían a desplazar?
Las camionetas de los ministros son la versión microscópica de este patrón macroscópico.

Prometieron austeridad, compraron lujo, fueron exhibidos, inventaron justificaciones absurdas, y finalmente dieron marcha atrás cuando el costo político se volvió intolerable. Pero el daño ya está hecho: quedó demostrado que la “nueva Corte” no es sustancialmente diferente de la anterior en términos de privilegios y opacidad. La única diferencia es que ahora está alineada ideológicamente con el ejecutivo, lo cual hace su falta de austeridad aún más hipócrita dado el discurso fundacional del movimiento.

Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío político particular: heredó un movimiento construido sobre narrativas de ruptura y transformación, pero debe gobernar en la realidad donde los problemas estructurales no se resuelven con discursos sino con políticas efectivas. Su respuesta hasta ahora ha sido profundizar la simulación: mantener la retórica transformadora mientras administra un sistema que cada día se parece más al régimen que supuestamente vino a reemplazar. Las camionetas de los ministros son apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: la 4T descubrió que es mucho más fácil capturar las instituciones que transformarlas, y que el poder corrompe independientemente de la etiqueta ideológica que se le ponga.
Las camionetas blindadas de la Suprema Corte quedarán como un símbolo perfecto del sexenio: mucha retórica transformadora, poca transformación real; muchas promesas de austeridad, poco compromiso genuino con ella; mucha captura institucional, poca mejora en la calidad de vida ciudadana.

El episodio resume el modelo completo: simular, justificar, rectificar cuando sea inevitable, pero nunca reconocer la contradicción fundamental entre lo que se dice y lo que se hace. Así gobierna la 4T: no mediante políticas efectivas sino mediante la gestión cuidadosa de percepciones, donde cada escándalo se convierte en una oportunidad para demostrar “sensibilidad” hacia el pueblo, mientras se perpetúan exactamente las prácticas que se prometió erradicar. Bienvenidos al gobierno de la simulación permanente. Al tiempo.