El discurso institucional sobre la inclusión y la justicia para los pueblos indígenas en Chihuahua es impecable en su redacción, pero problemático en su ejecución. Enrique Rascón Carrillo, como titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), ha promovido iniciativas que, en papel, parecen avances sustanciales en el reconocimiento de derechos y acceso equitativo a la justicia. Sin embargo, la distancia entre los compromisos declarativos y la realidad sigue siendo abismal.

El acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para capacitar a funcionarios en pertinencia cultural es un gesto loable, pero insuficiente si no se acompaña de mecanismos reales de transformación. La historia nos ha demostrado que la capacitación sin un cambio estructural en las instituciones es apenas maquillaje administrativo. ¿Cuántos acuerdos similares se han firmado sin un impacto tangible en la vida cotidiana de las comunidades indígenas?

El problema radica en que la SPyCI, bajo la dirección de Rascón, parece más enfocada en generar titulares que en aplicar estrategias de política pública que garanticen resultados concretos. La falta de un diagnóstico exhaustivo sobre las necesidades reales de los pueblos indígenas y la ausencia de seguimiento riguroso a la implementación de políticas son señales de un liderazgo más centrado en la imagen que en el impacto.

Además, hablar de inclusión mientras las comunidades indígenas siguen enfrentando obstáculos burocráticos, desplazamientos forzados y falta de acceso a servicios básicos resulta incongruente. La administración pública no solo debe entender las realidades socioculturales de cada comunidad, sino traducir ese entendimiento en políticas efectivas, con resultados medibles y fiscalización transparente.

Si realmente se pretende fortalecer la justicia intercultural, la SPyCI debe pasar de la retórica a la acción, garantizando la representación indígena en los procesos de toma de decisiones y adoptando mecanismos que eviten que estas iniciativas sean solo eventos protocolarios sin consecuencias reales. Sin ello, el compromiso del Estado con la inclusión quedará en mera propaganda gubernamental.

Pertinencia cultural: cuando el protocolo pesa más que la realidad

Ah, nada como otro gran acuerdo institucional para demostrar que el compromiso con la justicia indígena es fuerte… en los documentos oficiales. Capacitación para funcionarios, sí, porque claramente el problema radica en que no saben cómo fingir mejor el interés. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando algo más tangible que discursos con palabras bonitas. Pero no hay que preocuparse: con suficiente “pertinencia cultural”, tal vez algún día la burocracia se vuelva accesible. Hasta entonces, seguirán siendo espectadores de una administración que confunde inclusión con relaciones públicas. ¡Qué avance tan inspirador!