Redacción y fotografía por: Mtro Armando Garay

La marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México y en el país entero debería haber sido un momento de reflexión para cualquier gobierno que se precie de democrático. Miles de jóvenes saliendo a las calles para expresar su hartazgo con la violencia, la impunidad y la falta de oportunidades no es algo que pueda ignorarse o, peor aún, descalificarse. Sin embargo, la reacción del gobierno federal fue exactamente eso: una mezcla tóxica de desdén, minimización y paranoia conspirativa que revela más sobre las inseguridades del régimen que sobre los manifestantes.

Desde el púlpito mañanero, la narrativa oficial fue predecible: infiltrados, conservadores disfrazados de jóvenes, la oposición moviendo los hilos, “los mismos de siempre” tratando de desestabilizar. Es el manual de cualquier gobierno autoritario enfrentándose a la disidencia: nunca aceptar la legitimidad del reclamo, siempre buscar al enemigo externo, siempre descalificar. Lo que resulta particularmente irónico es que este gobierno llegó al poder precisamente prometiendo escuchar al pueblo, abrir espacios de participación, ser diferente a los regímenes que criminalizar la protesta social. Resultó que esa apertura democrática solo aplicaba cuando la gente salía a las calles a apoyarlos.

La respuesta del gobierno federal ante esta marcha fue de un paternalismo condescendiente que raya en lo ofensivo. Trataron a estos jóvenes como si fueran niños manipulados, incapaces de formarse opiniones propias, títeres de intereses oscuros. Es la típica arrogancia de quien se cree dueño de la verdad absoluta y no puede concebir que alguien, genuinamente, no esté de acuerdo con su proyecto.

Esta actitud no solo es antidemocrática; es políticamente estúpida. Están alienando a toda una generación que dentro de unos años será el grueso del electorado.

Lo que realmente incomoda al gobierno no es que estos jóvenes protesten. Lo que incomoda es que representan la grieta en el relato oficial. Durante años se nos ha vendido la narrativa de la Cuarta Transformación como un movimiento histórico, apoyado masivamente por “el pueblo”, enfrentándose a una élite pequeña y corrupta. La marcha del 15 de noviembre mostró que hay miles, probablemente millones, de mexicanos comunes y corrientes, muchos jóvenes, muchos de clase media trabajadora, que no compran ese cuento. Y eso es inaceptable para un proyecto político que se sostiene en la polarización y en la idea de que quien no está con ellos está contra el pueblo.

Desde una perspectiva liberal conservadora, lo más preocupante no es la marcha en sí sino la incapacidad del gobierno para procesarla democráticamente. Un gobierno seguro de sí mismo, con resultados que respaldar, hubiera dicho: “Escuchamos sus reclamos, trabajaremos en ello, la protesta es legítima en democracia”. Pero este gobierno no puede hacer eso porque admitir la legitimidad del reclamo sería admitir que su proyecto no está funcionando como prometieron. Entonces prefieren la narrativa conspirativa, el enemigo imaginario, la descalificación.

La ironía suprema es que este gobierno construyó su identidad opositora precisamente en la protesta social. López Obrador marchó durante años, bloqueó Reforma, montó plantones. Ahora que otros ejercen ese mismo derecho democrático, resulta que es desestabilización, golpismo, conservadurismo disfrazado. Es la vieja historia del revolucionario que llega al poder y se convierte en lo que combatía: intolerante, paranoico, incapaz de aceptar la disidencia.

La historia suele ser cruel con los regímenes que desprecian a su juventud. Esos jóvenes que hoy marchan y son descalificados serán los que escriban el veredicto final sobre este sexenio y su continuidad. Y si el gobierno sigue respondiendo con arrogancia y paranoia en lugar de con humildad y diálogo, ese veredicto no será amable.

La Generación Z no está pidiendo permiso para opinar; está avisando que ya despertó. Y un gobierno inteligente sabría que es mejor escuchar que despreciar. Al tiempo.