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La informalidad: el país que trabaja sin derechos

Por César Olvera

México amaneció en 2025 con una cifra que debería sacudir conciencias: 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, según el Inegi. Son 32.9 millones de personas que sobreviven sin contrato, sin prestaciones y sin una red mínima de protección. Y, sin embargo, el discurso oficial insiste en presumir estabilidad, como si la precariedad fuera un logro.

La informalidad ya no es un problema: es una cultura. Se normalizó como la humedad en una pared vieja, expandiéndose sin que nadie se atreva a repararla. No hablamos solo de vendedores ambulantes o de quienes emprenden por necesidad. La informalidad incluye a trabajadoras domésticas invisibles para la ley, jornaleros agrícolas sin seguridad social, y empleados de empresas que, con cinismo, deciden no reconocer derechos básicos.

La desigualdad también tiene rostro de mujer. 55.9% de las trabajadoras están en la informalidad, ligeramente más que los hombres, y además ocupan los empleos peor pagados y con menos alternativas.

La geografía refuerza la fractura: mientras Oaxaca, Guerrero y Chiapas superan el 70%, estados industrializados como Coahuila, Nuevo León o Chihuahua rondan apenas entre el 33% y el 36%.

Las consecuencias son tan conocidas que parecen parte del paisaje: menos ingresos, cero prestaciones, sin cotizar para pensión, sin servicios médicos, sin vacaciones, sin indemnización si algo sale mal. Millones trabajan como si México siguiera atrapado en el siglo pasado.

Y claro, con tanta informalidad, la productividad se hunde, la recaudación fiscal se evapora y la inversión privada se frena. El país se oxida mientras se vende la idea de “flexibilidad”. Los especialistas lo repiten hasta el cansancio: sin empleos formales, sin reglas claras para los micronegocios y sin políticas públicas que incentiven la formalización, México seguirá atrapado en este círculo vicioso.

La informalidad no es un dato estadístico: es un espejo incómodo. Cuando más de la mitad trabaja sin derechos, el problema dejó de ser laboral. Es estructural, político y urgente.