Redacción por: Mtro. Armando Garay

La reforma político-electoral que el régimen de Morena presentará este 14 de enero de 2026 no es, como pretende venderse, un ejercicio de modernización democrática ni una medida de austeridad republicana. Es, en su esencia más cruda, un golpe de Estado institucional ejecutado con mayorías legislativas, el equivalente político de un secuestro donde los rehenes votan por sus captores porque controlan el 75% de las armas.

Esta reforma que deberia priorizar la limitación del poder estatal y la protección de las libertades individuales mediante contrapesos institucionales robustos, esta reforma representa exactamente aquello contra lo que las democracias constitucionales fueron diseñadas: la concentración absoluta del poder en manos de una mayoría temporal que se arroga el derecho de reescribir permanentemente las reglas del juego político.

Los elementos centrales de la propuesta revelan su verdadera naturaleza autoritaria. La eliminación de los legisladores plurinominales, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la reducción drástica del financiamiento público a partidos políticos no son, como argumenta el oficialismo, medidas de ahorro fiscal.
Son herramientas quirúrgicamente diseñadas para consolidar el poder de Morena eliminando cualquier posibilidad real de competencia política. Empecemos por lo obvio que muchos se niegan a ver: cuando un partido con mayoría absoluta propone “reformas electorales” que casualmente benefician exclusivamente a ese partido, no estamos ante una mejora del sistema democrático sino ante una captura del Estado.

El argumento oficial es que los plurinominales son “elegidos por las cúpulas de los partidos” y no por el pueblo. Esto es técnicamente cierto pero intelectualmente deshonesto. Primero, porque los diputados de mayoría relativa también son seleccionados por cúpulas partidistas, solo que pasan por la formalidad de una elección distrital.

Segundo, y más importante, porque la alternativa que propone Morena no es más democracia directa sino menos representación total. No están planteando que los plurinominales se elijan por voto directo; están planteando su eliminación completa. La diferencia es crucial: una cosa es democratizar la selección de representantes proporcionales, otra muy distinta es eliminar la representación proporcional. Lo primero sería una reforma; lo segundo es una amputación.

La propuesta de desaparecer los OPLE bajo el argumento de “ahorro de recursos públicos” es igualmente fraudulenta. Pese a que funcionarios como la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, han defendido el trabajo de los OPLE, el gobierno morenista insiste en desaparecerlos. Mas concentración del poder, centralizando las decisiones y a los arbitros electorales.

Y aquí llegamos a uno de los puntos más escandalosos: la propuesta de Claudia Sheinbaum de que los consejeros electorales sean electos por voto popular, al igual que se hizo con los jueces. Esta medida, presentada como “democratización”, es en realidad la aniquilación final de cualquier pretensión de imparcialidad institucional. Los órganos electorales existen precisamente para arbitrar contiendas políticas de manera neutral, son los referees del juego democrático. Hacer que los referees sean electos por los mismos jugadores que deben arbitrar es convertir la democracia en una farsa. Imaginen un partido de futbol donde los aficionados del equipo mayoritario eligen a los árbitros. Exactamente eso es lo que propone Morena.

La reducción del financiamiento público a partidos se vende como austeridad republicana pero es, en realidad, otra herramienta de consolidación hegemónica. Morena, con control sobre el aparato estatal, acceso privilegiado a recursos públicos (aunque ilegal, difícil de fiscalizar) y una maquinaria de movilización construida durante años, puede sobrevivir perfectamente con menos financiamiento público. Los partidos pequeños de oposición, que dependen críticamente de ese financiamiento para competir, quedarán ahogados financieramente. Es el equivalente político de una empresa dominante que, controlando el 80% del mercado, propone “reducir los subsidios a todas las empresas” sabiendo que la competencia quebrará mientras ella sobrevive con economías de escala. En mercados, esto se llama conducta anticompetitiva y está prohibida. En política mexicana, se llama “reforma democratizadora”.

El contexto internacional, esta reforma electoral le regala a los críticos en el Congreso estadounidense munición perfecta para argumentar que México se está “venezolanizando” y que, por tanto, merece un trato más duro en comercio, migración y cooperación en seguridad. Es estratégicamente suicida darle a tus adversarios geopolíticos evidencia concreta de que estás debilitando tu democracia justo cuando más necesitas ser visto como aliado confiable.

La urgencia temporal es reveladora: Morena quiere aprobar la reforma antes del 1 de febrero y que aplique para las elecciones de 2027, lo cual requiere aprobación antes de mayo para cumplir con el requisito constitucional de 90 días previos al inicio del proceso electoral. Esta prisa no es casualidad; es cálculo político. Morena sabe que su ventana de oportunidad para imponer esta reforma es ahora, mientras tiene mayoría calificada y antes de que posibles fracturas internas (particularmente con PT y Partido Verde, que temen por su supervivencia sin plurinominales) se consoliden. Es el equivalente legislativo de un golpe relámpago: actuar rápido antes de que la oposición se organice o de que la comunidad internacional pueda ejercer presión efectiva.

México se enfrenta a una disyuntiva histórica que trascenderá sexenios y partidos. ¿Seremos una democracia con instituciones sólidas que limitan al poder mayoritario, o seremos una democracia plebiscitaria donde quien tenga las mayorías temporales puede reescribir todas las reglas? La reforma electoral de 2026 responde inequívocamente por la segunda opción. Y cuando en el futuro, quizás en una década, quizás en dos, los mexicanos se pregunten cómo llegamos a tener un sistema político sin alternancia real, sin oposición efectiva, sin instituciones que frenen al poder, podrán señalar este momento de enero de 2026 como el punto de inflexión. No podrán decir que no fueron advertidos. La tragedia del autoritarismo democrático es que se construye con votos, aplausos y la bendición de mayorías que creen estar liberándose cuando en realidad están forjando sus propias cadenas. Al tiempo.