Redacción y fotografía por: Mtro Armando Garay

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del estado, convirtiéndose en la primera entidad en México en adoptar esta medida. La iniciativa, promovida por el diputado panista Carlos Olson San Vicente, reforma el artículo 8° de la Ley Estatal de Educación para “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”. Más allá de la aparente simplicidad técnica de esta modificación legislativa, nos encontramos ante un fenómeno que revela tensiones culturales, políticas e ideológicas profundas en la sociedad mexicana contemporánea.

La función principal de la escuela es transmitir conocimientos y competencias que permitan a los estudiantes desenvolverse exitosamente en la sociedad. Esto incluye, necesariamente, el dominio del español estándar tal como se usa en documentos oficiales, medios de comunicación, literatura y contextos profesionales.

Empecemos por lo obvio: el lenguaje inclusivo, ese uso de términos como “todes”, “elles” o desdoblamientos como “todas y todos”, es un fenómeno lingüístico reciente que busca visibilizar identidades de género no binarias y cuestionar el uso del masculino genérico como supuestamente neutro. Sus defensores argumentan que el lenguaje construye realidad y que hacer visible lo invisible lingüísticamente es un acto de justicia social. Sus detractores señalan que violenta las reglas gramaticales del español y que la Real Academia Española (RAE) no reconoce estas modificaciones como parte del idioma normativo.

Sin embargo, hay que ser honestos sobre las limitaciones del lenguaje inclusivo. La estrategia de modificar morfemas de género reemplazar “o/a” por “e”, enfrenta problemas prácticos considerables. No solo genera resistencia por parte de hablantes con sentido común, sino que presenta desafíos de comprensión, especialmente para personas con dislexia, analfabetismo funcional o aprendices del español como segunda lengua.

La reforma de Chihuahua no prohíbe que los estudiantes piensen críticamente sobre género, discriminación o lenguaje. Lo que establece es que la instrucción formal debe basarse en las normas gramaticales y ortográficas oficiales del español.

Los estudiantes pueden (y deben) aprender sobre diversidad, inclusión y justicia social a través del contenido curricular apropiado, historia, educación cívica, ética, sin necesidad de alterar la estructura gramatical del idioma que están aprendiendo a dominar.

La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum,quien rechazó públicamente la prohibición al considerar que vulnera principios constitucionales sobre diversidad y libertad de expresión, abre otra dimensión del conflicto. El gobierno federal de Morena, históricamente progresista en temas de diversidad sexual, se enfrenta a un gobierno estatal panista que abraza posiciones más conservadoras en política identitaria.

La reforma chihuahuense, en conclusión, es una victoria simbólica del sentido común ante los absurdos intentos del progresismo, un progresismo que busca el adoctrinamiento de los niños a través del lenguaje. Bien por los diputados del PAN como Carlos Olson que impulsaron el blindaje de Chihuahua ante absurdos de esta naturaleza. Al tiempo.