El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación inmediata de la planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo. La planta fue vendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la empresa francesa Air Liquide en 52 millones 700,000 dólares en 2017.
El Mandatario, mediante un proyecto publicado en el Diario Oficial, solicitó que la planta fuera declarada como «de utilidad pública», que se indemnice a los dueños con un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y que surta de hidrógeno para la refinación de diesel y gasolina.
Durante Mayo 2021 el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que AMLO ordenó negociar la recompra de las plantas de hidrógeno. Por su parte, el Presidente explicó que la expropiación es por soberanía energética y por el alza de la demanda de hidrógeno ante la tendencia mundial de reducir el uso de azufre en la refinación.
Cabe recordar que el Plan de Negocios 2017- 2021 de Pemex ordenó la venta de las seis plantas de hidrógeno de las refinerías, ya que no tenía recursos para el mantenimiento y abastecer la demanda; en el caso de Tula, fue adquirida por Air Liquide, que se comprometió a modernizar los equipos.
La actual administración reconoció que sólo dos plantas se lograron vender y en el caso de la de la Refinería de Cadereyta en Nuevo León, se logró detener el proceso de venta y evitar la expropiación de la misma.
Asimismo, el Presidente ordenó la expropiación inmediata en distintas materias para otros proyectos, tal como unas vías de Ferrosur, al mando del empresario Germán Larrea desde finales de los 90 ‘s, con el fin de continuar con las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La expropiación de la planta de hidrógeno de Tula es un tema polémico que ha generado diversos debates. Algunos analistas consideran que la medida es necesaria para garantizar la soberanía energética de México, mientras que otros la consideran una violación al derecho a la propiedad privada.