Desde Cancún, el analista político Jesús Alberto Hernández intervino en Ciudad 2.0, programa conducido por Víctor Hugo Hernández desde Durango, para analizar la crisis de seguridad nacional y sus ramificaciones internacionales. La charla, marcada por ironías ante el contraste entre el escenario paradisíaco y la crudeza temática, desglosó tres ejes críticos: el fracaso del Estado ante la violencia, la amenaza de intervención estadounidense y el ataque a la propiedad privada.

Jesús Alberto Hernández fue contundente: el gobierno de la “Cuarta Transformación” está “reprobado como gobernante” en su obligación primaria de garantizar seguridad. Los 324 atentados contra alcaldes y funcionarios (2023) son la prueba irrefutable. Planteó la pregunta incómoda: ¿Por qué persiste la violencia? Su respuesta apunta a una “colusión con el narcotráfico”, una “alianza que sostiene al régimen”. “Este fracaso es atribuible totalmente a ellos”, sentenció refiriéndose al gobierno federal, cuya popularidad calificó de “inverosímil”. Denunció cómo el crimen controla economías locales, sugiriendo una hipótesis siniestra: al régimen no le interesa un desarrollo independiente que compita con sus “negocios ilícitos”.

La reciente intervención militar de EE.UU. en Irán encendió alarmas sobre un posible escenario en México. Hernández citó análisis de Excélsior: “Hoy contra iraníes, mañana contra narcos”. Subrayó que Donald Trump “no le tiembla la mano para intervenir” y que México, con sus cárteles declarados “terroristas” y la colusión gubernamental documentada, es un blanco lógico: “Ya tienen los pasos jurídicos y la inteligencia para actuar”. Advirtió que la inacción del gobierno mexicano aumenta el riesgo: “Tarde o temprano, la decisión la tomará EE.UU.”.

Al abordar la legalización de invasiones a viviendas Fonavi, Hernández lo calificó como “ruptura del orden jurídico”. Alertó que sigue el modelo de “okupas” europeos, recordando que esos recursos “son dinero de trabajadores y empresarios, no del gobierno”. Destacó la declaración conjunta de seis organismos empresariales (AMIB, Canacintra CDMX, CEMT y otros) que denunciaron la medida por “vulnerar la propiedad privada” e “institucionalizar la ilegalidad”, pero exigió más: “Las oposiciones y la sociedad civil deben sumarse. Esto atenta contra la base de nuestra economía”.