Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El senador Mario Vázquez calificó como un “atentado contra el pueblo de Chihuahua” la decisión de un tribunal federal de atraer el caso del exgobernador Javier Corral, acusado de desvío de 98.6 millones de pesos, hacia la Fiscalía General de la República (FGR). Vázquez denunció que este movimiento busca proteger a Corral, quien ahora goza de inmunidad como senador de Morena, y criticó la politización de la justicia, señalando que los jueces federales actúan bajo “mecanismos de coerción del régimen”. “No entiendo qué festeja Javier Corral. Él está gozando de una inmunidad constitucional y ahora lo rescatan llevándose el caso a instancias federales”, afirmó, recordando que el abogado que defiende a Corral también representa a quienes lo acusan de corrupción, lo que evidencia un “concierto de acordeones” para encubrir irregularidades.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra los cárteles en México generaron tensión diplomática. Trump insistió en que “los cárteles gobiernan México” y anunció acciones militares, aunque el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier intervención extranjera y reafirmó que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas mexicanas. Vázquez advirtió que la falta de atención a la corrupción y la impunidad, como en el caso Corral, podría dejar a Chihuahua vulnerable ante presiones internacionales, especialmente cuando el estado es el primer exportador hacia EE.UU. y depende de esa relación económica.

El senador también alertó sobre el riesgo de la reforma electoral, que se discutirá en febrero y que, según analistas, podría debilitar la competencia política y consolidar el poder del oficialismo. “Si el gobierno federal quiere ir a fondo, debería eliminar el registro de cualquier partido vinculado al crimen organizado”, propuso Vázquez, criticando que la reforma se impulse sin consenso y con el objetivo de perpetuar al régimen en el poder. Además, cuestionó el uso de datos personales por parte del gobierno, advirtiendo que herramientas como el registro de teléfonos podrían ser utilizadas para perseguir a críticos políticos o incluso ser hackeadas, en lugar de combatir la delincuencia.