El testimonio que sacudió a Guanajuato

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció públicamente que, antes de asumir el cargo, fue llevado con engaños a una reunión con integrantes de un grupo criminal. En ese encuentro, los delincuentes le exigieron dinero y espacios dentro de la administración municipal. El edil, que sustituyó a la candidata morenista asesinada Gisela Gaytán Gutiérrez, aseguró que rechazó cualquier acuerdo y que, pese a las amenazas, continuará en su cargo: “Yo nunca he tenido acuerdos, no los tendré y prefiero, en un momento dado, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”.

La sombra del crimen organizado

El testimonio del alcalde refleja la creciente presión que el crimen organizado ejerce sobre los gobiernos locales en Guanajuato, una de las entidades más golpeadas por la violencia. Ramírez Sánchez relató que la reunión concluyó de manera ríspida y que recientemente recibió un nuevo contacto telefónico de otro miembro del mismo grupo, quien le ofreció apoyo, situación que también rechazó.

La violencia ha tenido consecuencias personales: su hija, funcionaria en el municipio de Tarimoro, renunció debido a episodios de inseguridad relacionados con las amenazas hacia la familia.

El antecedente: el asesinato de Gisela Gaytán

El 1 de abril de 2024, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, fue asesinada en el inicio de su campaña electoral. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación que desde el inicio apuntó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización criminal con fuerte presencia en la región y conocida por el robo de hidrocarburos, extorsión y narcotráfico.

El entonces fiscal Carlos Zamarripa Aguirre informó que se habían recabado más de 30 indicios relevantes. La investigación se fortaleció con la captura, el 14 de febrero de 2025, de Candelaria N, presunta operadora del CSRL y mano derecha de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Según la Fiscalía, ella sería la autora intelectual del asesinato de Gaytán, aunque el caso aún no ha sido plenamente esclarecido.

El relato del alcalde de Celaya expone la vulnerabilidad de los gobiernos municipales frente al crimen organizado. La presión para ceder espacios de poder y recursos refleja cómo las organizaciones criminales buscan infiltrarse en la política local. El asesinato de Gisela Gaytán y las amenazas contra Ramírez Sánchez muestran que la disputa por el control territorial en Guanajuato no solo se libra en las calles, sino también en las instituciones.

Celaya se ha convertido en un epicentro de la violencia política en México, donde la línea entre la seguridad pública y la gobernabilidad se difumina. El reto para las autoridades es doble: garantizar justicia en el caso de Gisela Gaytán y proteger a los actuales funcionarios que enfrentan la presión directa del crimen organizado.