En medio de la polémica y las sospechas, un nuevo escándalo de corrupción sacude al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, el foco está en el cabildeo para designar al próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El general Gustavo Vallejo, quien actualmente supervisa las obras del Tren Maya, se encuentra en el centro de la controversia.

El Contrato Millonario
Vallejo busca otorgar un contrato de 1300 millones de pesos a la empresa Gas Azul de Nogales. ¿Cuál es su función? Debería encargarse del suministro de combustibles. Sin embargo, las alarmas se han encendido debido a la falta de transparencia y a las dudas que rodean a esta compañía.

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Gas Azul: Una Empresa Enigmática
Según fuentes del sector, Gas Azul es prácticamente desconocida. No tiene página web, ni oficinas en el sureste del país. Su domicilio está ubicado en una modesta casa particular en Etchojoa, al sur de Sonora. Desde el exterior, no hay señales de que esta empresa sea capaz de abastecer los 55 millones de litros de diésel que estipula el contrato.

Vínculos Sospechosos
La trama se complica aún más. Gas Azul estaría vinculada a Bernardo Gil Torruco, un funcionario que durante el sexenio de Ernesto Zedillo estuvo a cargo del ISSSTE. Gil Torruco fue encarcelado en el gobierno de Vicente Fox por presuntas irregularidades, aunque finalmente quedó en libertad tras pagar una fianza.

El Papel de Bernardo Gil
Gil Torruco, además, ocupó el cargo de Oficial Mayor en los gobiernos de la Ciudad de México bajo el PRD, durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Robles lo designó en la aduana de Tampico.

El Fin del Contrato Legal
En la Sedena, los rumores no cesan. Se susurra que Bernardo Gil, a través del General Vallejo, habría intervenido para poner fin al contrato de suministro de diésel de Secarsa Combustibles. Esta última empresa había ganado su contrato de manera legal, participando en una licitación pública.

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La sombra de la corrupción se cierne sobre este oscuro episodio. ¿Qué intereses ocultos están en juego? ¿Por qué se favorece a una empresa sin antecedentes claros? Las respuestas aún no están a la vista, pero la sociedad exige transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno de AMLO enfrenta un desafío crucial para mantener su compromiso con la honestidad y la justicia.