La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones el dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales. Mientras tanto, productores agrícolas de al menos siete estados se manifestaron en San Lázaro con la llamada “Gran Caravana de Tractores por el Agua”, denunciando que los foros de consulta fueron “pura simulación”.

La reforma busca sustituir el marco legal vigente desde 1992 y plantea un nuevo modelo de gestión del agua. El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aseguró que el proyecto representa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua”, con el objetivo de garantizar el derecho humano al recurso y terminar con prácticas de acaparamiento.

• La iniciativa establece que las concesiones de agua no podrán ser transferidas entre particulares, sino que deberán regresar a la Conagua para su redistribución.
• Según Morales, la medida permitirá combatir el mercado negro del agua, que opera en varias regiones del país y beneficia a grandes acaparadores.
• Agricultores de estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Chiapas se movilizaron hacia la capital para exigir detener el proceso legislativo y abrir un diálogo real con el sector.
• La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma y acusó que quienes se oponen “tienen muchísimas concesiones de agua, que o no se usan o son ilegales, y por eso se debe poner orden”.
• El dictamen será discutido este mismo miércoles en el Pleno de San Lázaro, donde se prevé una votación que podría definir el futuro del manejo del agua en México.

Reacciones

Mientras organizaciones campesinas advierten que la ley podría afectar la producción agrícola y limitar el acceso al recurso para pequeños productores, el gobierno federal insiste en que la reforma busca frenar privilegios históricos y garantizar un uso equitativo del agua.

La aprobación en comisiones de la Ley de Aguas Nacionales abre un nuevo capítulo en la disputa por el recurso más estratégico del país. Entre la promesa de garantizar el derecho humano al agua y las denuncias de simulación en el proceso legislativo, el debate refleja la tensión entre intereses económicos, políticos y sociales que rodean al manejo del agua en México.