Washington, D.C.: En la antesala del encuentro bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump en China, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, endureció su postura contra la narcocorrupción en México. A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario afirmó este martes que la agencia mantendrá sus investigaciones para exhibir la colusión entre servidores públicos y organizaciones criminales.
“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, advirtió Cole.
El pronunciamiento ocurre cuatro días después de que la jueza federal Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, dictara una sentencia de 22 años y medio de prisión (270 meses) contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fallecido fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Tras aquel fallo del 13 de noviembre, Cole adelantó que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) rastrearán “sin descanso” a los funcionarios que brindan protección institucional a los cárteles, sin importar su afiliación partidista.
La ofensiva judicial y financiera de Washington en 2026
Las declaraciones del titular de la DEA se inscriben en una ofensiva sostenida de las agencias estadounidenses contra actores políticos mexicanos durante 2026:
• Acusaciones penales en Sinaloa. El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York imputó cargos de narcotráfico y posesión de armamento al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a nueve exfuncionarios y políticos sinaloenses por presuntamente proteger y filtrar información de inteligencia a la facción de “Los Chapitos”. Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el exfiscal adjunto Dámaso Castro Zaavedra, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el exjefe policial Marco Antonio Almanza Avilés y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
• Sanciones financieras en Baja California. El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó activos de 21 personas y 25 empresas ligadas a la facción de “Los Mayos”. La lista incluyó a Carlos Alberto Torres Torres —exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila— y a su hermano Luis Alfonso Torres, señalados por presunto lavado de dinero y nexos con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, además del exmando policial de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García y el exfuncionario aduanero Rafael Buenrostro Martín.
Comentario La advertencia de Terry Cole confirma que el gobierno de Estados Unidos ha convertido la persecución de redes político-criminales en una herramienta central de presión diplomática y comercial sobre México. Si bien el intercambio de información de inteligencia puede contribuir a desarticular estructuras de impunidad en gobiernos estatales y municipales, la estrategia unilateral de Washington —basada en acusaciones públicas y sanciones administrativas que en México suelen carecer de contraparte judicial expedita— tensiona la cooperación bilateral y coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo un constante escrutinio externo.









