Un juez de Distrito desechó la demanda de amparo promovida por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien alegaba “ilegal privación de la libertad”, detención e incomunicación tras su arresto el 8 de diciembre en la ciudad de Chihuahua.

El recurso fue presentado antes de que un juzgado federal dictara prisión preventiva y lo vinculara a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Sin embargo, Duarte no ratificó la demanda, motivo por el cual el juez Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, la desechó.

La demanda, registrada bajo el expediente Juicio de amparo indirecto 1315/2025-V, había otorgado inicialmente una suspensión de plano contra actos reclamados a la Fiscalía General de la República (FGR). El recurso fue promovido por Christian Camacho Ruiz en nombre de Duarte, pero el priista respondió al actuario judicial: “Previo a realizar manifestación al respecto, debo confirmar con mis abogados”.

En consecuencia, quedó sin efectos la suspensión de plano decretada, según el acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial.

Antecedentes

El 14 de diciembre de 2025, la jueza federal María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó auto de vinculación a proceso contra Duarte por lavado de dinero con recursos desviados del erario de Chihuahua.

Previamente, la misma jueza había ordenado la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Duarte permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. La FGR cuenta con seis meses para robustecer la investigación.

Evidencias

La FGR presentó más de 100 datos de prueba, entre ellos declaraciones fiscales, entrevistas, documentos públicos, dictámenes contables y registros bancarios.

Según la acusación, Duarte, directa o indirectamente, entre enero de 2012 y diciembre de 2016, intentó ocultar el origen ilícito de $73,925,995.09, parte de un peculado mayor de $96,685,253.80.

Modus operandi

El exgobernador habría simulado apoyos al sector ganadero, desviando recursos públicos hacia empresas donde era socio mayoritario:

• Unión Ganadera Regional División del Norte
• Financiera División del Norte
• Pavimentos y Servicios Parral
• Hidroponia de Parral S.A. de C.V., donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong figuraba como socia mayoritaria y representante legal.

La investigación también señala la participación de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal y tesorero de las empresas, así como de los hijos de Duarte: César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía.

El castigo

De ser hallado culpable, Duarte enfrentaría una pena de 15 a 22 años de prisión por lavado de dinero, delito federal conexo a peculado y asociación delictuosa, derivados del desvío de 96.6 millones de pesos del erario estatal.

La carpeta de investigación de la FGR consta de 88 tomos y 360 anexos, elaborada tras la vista que en 2021 la Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, dio al Ministerio Público Federal.

El arresto de Duarte ocurrió el 8 de diciembre de 2025, en la ciudad de Chihuahua.

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De los corrales al Altiplano: el exgobernador que decía defender al ganado terminó cercado por sus propios movimientos financieros.