Por César Olvera

El 8 de septiembre de 2025, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en sus oficinas dentro del puerto de Altamira, Tamaulipas. La Secretaría de Marina emitió un escueto comunicado: “lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de uno de nuestros elementos”. La causa oficial: suicidio. Pero las versiones que circulan dentro y fuera del recinto portuario cuentan otra historia.

Un muerto incómodo en medio del huachicol fiscal

Pérez Ramírez no era cualquier marino. Era jefe de la Unidad de Protección Portuaria y estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos sobornos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles. Su nombre apareció en declaraciones ministeriales que vinculan a mandos navales con la red de “huachicol fiscal” liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Según el expediente, el capitán habría recibido 100 mil pesos por permitir la descarga de un buque con combustible ilegal en Tampico, en abril de 2024. Un día después de que su nombre fuera mencionado públicamente, apareció muerto.

Cámaras apagadas, empresas blindadas

El mismo día de su muerte, la empresa Global Voip, encargada del sistema de videovigilancia del puerto, ordenó “mantenimiento urgente” a las cámaras. Mientras tanto, Sepiver SA de CV, filial de Duxon y responsable de la seguridad interna, reportó que “no se captó nada relevante”.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el capitán no se suicidó, sino que fue asesinado fuera del puerto y trasladado a sus oficinas para simular el deceso.

Ambas empresas ganaron en conjunto la licitación pública LA 13-324-01332Y002-N-57-2024, por un monto de 363 millones 792 mil pesos, para implementar un sistema de control de acceso vehicular inteligente y monitoreo proactivo en Altamira. Hoy, ese sistema no tiene registro alguno del momento en que murió el capitán.

Opacidad institucional

Este jueves, personal de Global Voip intentó ingresar al puerto para revisar el sistema de grabación. Les fue negado el acceso.

Ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el fiscal Alejandro Gertz Manero, ni la Secretaría de Marina han ofrecido explicaciones claras sobre el caso. La narrativa oficial se sostiene en el suicidio, mientras las pruebas se diluyen entre contratos millonarios y cámaras convenientemente apagadas.

¿Quién protege a los que protegen?

La muerte de Abraham Jeremías Pérez no solo revela una posible ejecución encubierta. También expone el blindaje institucional que rodea a las redes de corrupción en los puertos mexicanos.

Mientras los familiares del capitán exigen justicia, el país observa cómo el silencio se convierte en política de Estado.


En Altamira, el monitoreo es “proactivo”… excepto cuando muere quien sabía demasiado.