En medio de la transición política, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, ha estado observando de cerca las dinámicas entre su futuro gobierno y la Suprema Corte . El reciente gesto de felicitación por parte del pleno de la Corte, incluso antes de que Sheinbaum tenga la constancia oficial como presidenta electa, no pasó desapercibido. Fue un mensaje calculado, diseñado para desviar la atención de la revelación de la cena entre Norma Piña y Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, días antes de las elecciones.
Sin embargo, Sheinbaum ya ha tomado decisiones importantes en relación con la Corte. Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte, no será su interlocutor ni su consejero jurídico.
La razón: su pasado reciente en la Corte y su enfrentamiento con Piña, quien lo investiga por presionar a jueces y magistrados para favorecer al Gobierno en sus resoluciones.
En lugar de interactuar directamente con Zaldívar, Sheinbaum planea enfocarse en programas y proyectos para mejorar el funcionamiento de los tribunales en su conjunto. Se habla de la creación de una “Comisión para la Reforma del Poder Judicial” como parte de esta estrategia.
El vínculo entre el gobierno entrante y la Corte es crucial para el éxito del Plan C de Sheinbaum. Uno de los aspectos más delicados es la relación entre los jueces de la Corte y el voto popular. ¿Cómo garantizar la independencia judicial sin perder de vista la legitimidad democrática?
En este contexto, el ministro Javier Laynez podría desempeñar un papel importante. Laynez, escuchado tanto por Piña como por el entorno de Sheinbaum, ha enfatizado la necesidad de seleccionar jueces exclusivamente por mérito académico, profesional y ético. Según él, este sistema es fundamental para asegurar la neutralidad de los jueces frente a todas las partes involucradas, incluyendo los poderes constituidos y fácticos.
En resumen, la relación entre Sheinbaum y la Corte está en el centro de la agenda política. La futura presidenta deberá equilibrar la independencia judicial con la legitimidad democrática mientras busca reformar el sistema judicial para un México más justo y transparente.