El gobierno mexicano tiene la intención de retirar la concesión del Aeropuerto del Norte a la iniciativa privada y dársela a la Defensa Nacional. El motivo de fondo es presionar al Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) para que baje la TUA, sobre todo en Monterrey, donde es una de las más altas del país.

Según el gobierno, la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es un factor que encarece los boletos de avión, pero el sector se resiste a cambiarla. Fuentes del sector explican que López Obrador aprovechó que el contrato con la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos termina este agosto para meter presión.

El asunto fue analizado por miembros del Consejo de Administración del ADN, Jorge Nuño, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y el General Miguel Vallín, director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), según informó El Norte, el pasado 25 de mayo.

La concesión del Aeropuerto del Norte, que el gobierno mexicano quiere quitar a los privados y pasarla a la Defensa, es parte de una estrategia para presionar al Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y que baje la TUA en Monterrey, una de las más caras del país para el tráfico nacional – incluso más que para el internacional-. Las aerolíneas sostienen que la tarifa que se cobra en México es la más alta de la región.

Por eso, los aeropuertos son uno de los negocios más rentables en la Bolsa últimamente, además de otros factores que los hacen atractivos.

Fintech Holding modificó las condiciones para comprar acciones de OMA En este escenario, OMA, ahora controlada por la empresa francesa Vinci, propuso al gobierno federal reducir su TUA en los vuelos que conectan a Monterrey con el AIFA.

Una medida que también respaldan los otros grupos aeroportuarios privados -GAP y ASUR-.
Pero el gobierno federal quiere más. López Obrador ha insistido este año en este tema, recordemos que la idea del cabotaje -que finalmente no prosperó- buscaba, según el gobierno, aumentar la competencia y con eso suponían una baja en los precios.

En esa lucha, las aerolíneas rechazaron esa propuesta y lanzaron una fuerte campaña en la que acusaron a los aeropuertos de cobrar tarifas altas, lo que provocaba el encarecimiento del costo del boleto, además de otros aspectos como el incremento en el precio de los combustibles.

También hay que decir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que determina cuál es la tarifa máxima que se puede cobrar en cada aeropuerto mediante las proyecciones de tráfico y los presupuestos de inversión que planean los aeropuertos.