Por Redaccion

La entrada en vigor de la reforma laboral que busca regular las condiciones de trabajo de repartidores y conductores de plataformas digitales ha comenzado con el pie izquierdo. A pesar de que el nuevo marco legal pretende garantizar seguridad social, mejores ingresos y jornadas más justas para miles de personas, la narrativa pública se ha enredado en señalamientos, tensiones mediáticas y sospechas de sabotaje por parte de las propias plataformas tecnológicas.

Al frente de esta batalla está Salvador Godínez González, conductor de aplicaciones y rostro visible de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales. Su aparición reciente en la conferencia matutina de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, junto al secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, buscaba dar legitimidad al arranque del proceso. Sin embargo, lo que siguió fue una ofensiva mediática que ha encendido alarmas entre simpatizantes y detractores.

“Lo que quieren es deslegitimar la lucha”, respondió Godínez en un comunicado difundido en sus redes sociales, luego de que diversos medios señalaran su pasado como precandidato a diputado local por el Partido del Trabajo y su respaldo explícito a Sheinbaum durante la campaña presidencial. “Tengo más de ocho años trabajando como conductor. Sé lo que es estar sin derechos, sin prestaciones. Esto no es improvisado”, añadió.

Cercanos a Godínez aseguran que las críticas no son espontáneas. Según versiones dentro de la Alianza, detrás de la campaña en su contra estarían operadores ligados a empresas que ven en la reforma una amenaza a su modelo de negocio flexible y exento de responsabilidades laborales. “Es un intento de sabotaje para frenar los avances que se lograron con mucho esfuerzo”, comentaron integrantes del colectivo, que prefirieron no ser identificados.

La reforma, aprobada meses atrás, obliga a las plataformas a asumir una figura legal intermedia de empleador, con obligaciones como el registro de trabajadores ante el IMSS y el establecimiento de esquemas de ingreso mínimo. Aunque su implementación será gradual, asociaciones empresariales ya han expresado su preocupación por los costos que esto podría generar.

Mientras tanto, el discurso dominante intenta posicionar las críticas a Godínez como cuestionamientos válidos de transparencia y representatividad. Para sus defensores, sin embargo, el debate ha sido secuestrado por intereses que buscan desacreditarlo sin confrontar los problemas estructurales de precariedad laboral que la reforma pretende atender.

En las calles, donde los repartidores sortean el tránsito, las inclemencias del clima y la inestabilidad del algoritmo, las expectativas son altas pero el escepticismo también. “La ley suena bien, pero falta que se cumpla y que no nos dejen fuera”, comentó David, repartidor de comida en la zona centro de la Ciudad de México.

En medio de esta guerra de narrativas, la reforma ha echado a andar. Y como suele suceder en México, la letra de la ley está escrita, pero su aplicación real —y quién la representa— sigue en disputa.