El concierto de Los Alegres del Barranco en Guadalajara, marcado por la proyección de imágenes de figuras del crimen organizado, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reflexionar sobre los límites entre la libertad de expresión artística y la glorificación del narcotráfico. Mientras las autoridades enfrentan críticas por sanciones insuficientes, el caso resalta cómo la narcocultura se ha infiltrado en sectores populares, planteando interrogantes sobre el impacto de estas expresiones en una sociedad afectada por la violencia.

El escándalo generado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde se proyectaron imágenes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante la interpretación de narcocorridos, ha abierto un debate sobre los alcances legales de la apología del delito en México. Aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación por estos hechos, especialistas afirman que difícilmente se concretará una sanción penal.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de oficio la carpeta de investigación número 21010/2025 por una posible violación al Artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, que prevé penas de uno a seis meses de prisión para quienes hagan apología de actividades delictivas. No obstante, expertos como Alfonso Partida Caballero, jefe de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UDG), han señalado que este tipo penal rara vez se aplica en la entidad. “Es un delito que ni siquiera se persigue”, advirtió.

Durante el evento del 29 de marzo, titulado Los Señores del Corrido, la agrupación proyectó imágenes de los líderes del Cártel de Sinaloa y del CJNG mientras interpretaban temas alusivos, entre ellos el polémico corrido ‘El del Palenque’, cuyas letras exaltan las acciones y estructuras del crimen organizado. La situación generó rechazo en redes sociales, críticas de la sociedad civil y pronunciamientos desde el ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “No debería de ocurrir eso, (…) no está bien. Que se haga una investigación, no es correcto”.

A pesar de la condena pública, especialistas cuestionan la eficacia de los mecanismos legales existentes. Partida Caballero subrayó que la sanción prevista por la ley es mínima y desproporcionada frente al impacto social que genera la glorificación del narcotráfico. “La música y el arte son vehículos a través de los cuales los jóvenes están recibiendo información del crimen organizado. No es otra cosa que una provocación”, explicó el académico.

Además de las implicaciones penales, el gobierno municipal de Zapopan impuso una multa administrativa de 33 mil 942 pesos al Auditorio Telmex, administrado por la Universidad de Guadalajara, por infringir el Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios, que prohíbe espectáculos que inciten a la violencia o alteren la moral pública.

También se presentó una denuncia penal contra el recinto. En respuesta, el Auditorio se deslindó argumentando que únicamente renta sus instalaciones y no interviene en el contenido de los eventos, aunque reconoció la gravedad del caso y anunció la revisión de sus contratos para prevenir situaciones similares en el futuro.

Las consecuencias también alcanzaron el ámbito internacional. Versiones no desmentidas señalan que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turista de los integrantes del grupo –Pavel Moreno, Armando Moreno Álvarez, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López–, debido a que promovieron, en opinión de las autoridades estadounidenses, a una organización clasificada como “terrorista” bajo su legislación.

A pesar de la controversia, Los Alegres del Barranco reincidieron en su homenaje visual a ‘El Mencho’ durante un concierto posterior en Uruapan, Michoacán, lo que refuerza la percepción de impunidad ante estas prácticas. La falta de sanciones ejemplares ha contribuido a que, en algunos sectores, figuras del narcotráfico sean presentadas como iconos culturales, fenómeno que especialistas vinculan con la normalización de la violencia en el país.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la libertad de expresión artística y la promoción de conductas delictivas, así como sobre la necesidad de actualizar y aplicar con mayor rigor el marco legal para evitar que la cultura popular siga siendo instrumentalizada por narrativas criminales. Mientras tanto, la investigación en Jalisco sigue abierta, pero sin precedentes judiciales que permitan anticipar una sentencia ejemplar.

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