La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca elevar la extorsión a la categoría de delito grave, con el propósito de fortalecer la respuesta del Estado ante uno de los crímenes que más afecta a la ciudadanía y al sector productivo.

De acuerdo con la propuesta, las penas irían de seis a quince años de prisión, con castigos más severos en casos de “cobro de piso”, cuando se utilicen medios financieros para cometer el delito o si participan servidores públicos. También se prevén agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, migrantes o mujeres embarazadas.

El documento plantea homologar el tipo penal de extorsión en todas las entidades federativas y garantizar que el delito sea perseguido de oficio, sin requerir denuncia previa. Asimismo, establece sanciones para quienes encubran o faciliten este ilícito, además de la obligación de bloquear señales telefónicas en los centros penitenciarios para evitar que las extorsiones se realicen desde prisión.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar vacíos legales y fortalecer el marco jurídico contra una práctica que ha afectado a comerciantes, empresarios y familias en diferentes regiones del país.