Tabasco, abril de 2026.- En los últimos dos meses se han registrado al menos 20 evasiones de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de Tabasco, una cifra que ya supera los niveles observados en años recientes y que ha encendido alertas entre autoridades, especialistas y organismos civiles.

De acuerdo con datos del sistema de seguridad, el repunte contrasta con el comportamiento histórico del estado, donde entre 2020 y 2024 se contabilizaron en total 20 carpetas de investigación por este delito, lo que evidencia un incremento acelerado en un periodo muy corto.

El aumento de fugas no es un hecho aislado. En 2025 ya se había detectado un cambio en la tendencia con al menos nueve casos registrados, mientras que en lo que va de 2026 la cifra se ha disparado, consolidando el peor escenario en al menos siete años.

Casos recientes han evidenciado posibles fallas operativas. Uno de ellos ocurrió en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), donde un interno logró evadirse durante un periodo de visita familiar, lo que puso en entredicho los controles internos y los protocolos de vigilancia.

El contexto se agrava al considerar antecedentes de violencia dentro del sistema penitenciario estatal. En años recientes, penales de Tabasco han sido escenario de motines, enfrentamientos y hechos violentos que han dejado víctimas mortales, lo que ha generado constantes llamados de organismos de derechos humanos para mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en estos centros.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de incidentes puede estar relacionado con deficiencias en infraestructura, falta de personal capacitado y posibles niveles de corrupción interna, factores que históricamente han afectado al sistema penitenciario en distintas regiones del país. A nivel nacional, el delito de evasión de presos también ha mostrado un repunte en los últimos años, lo que refuerza la preocupación sobre la efectividad de las estrategias de control.

Ante este escenario, autoridades estatales y federales han iniciado revisiones a los sistemas de seguridad en los centros penitenciarios, con el objetivo de reforzar la vigilancia, implementar nuevas tecnologías y aumentar la capacitación del personal encargado de la custodia de internos.

Por su parte, organizaciones civiles han solicitado la realización de investigaciones independientes que permitan esclarecer las causas del incremento en las fugas y determinar posibles responsabilidades, al considerar que la situación podría representar un riesgo tanto para la seguridad pública como para el propio sistema de justicia.

La situación mantiene bajo presión a las autoridades de Tabasco, en medio de un contexto más amplio de violencia y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para contener fenómenos delictivos dentro y fuera de los centros penitenciarios.