El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 durante la celebración del Día de Muertos, sigue revelando nuevas piezas de un entramado criminal que involucra tanto a sicarios como a funcionarios municipales.

El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Samuel N, director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, y de Josué Elogio N, alias El Viejito, taxista local. Ambos son señalados de vigilar al edil y compartir en tiempo real sus movimientos antes del ataque.

La traición desde dentro
De acuerdo con las investigaciones, Samuel N habría sido pieza clave al informar sobre el itinerario del alcalde y enviar una fotografía que terminó en un grupo de WhatsApp controlado por Jorge Armando N, alias El Licenciado, considerado uno de los autores intelectuales del crimen.

Samuel N ya tenía antecedentes penales por lesiones dolosas (2007) y robo a negocio (2022).

En los cateos posteriores se decomisaron drogas y ocho equipos de comunicación vinculados a los detenidos.

La red criminal
El asesinato fue ejecutado por Víctor Manuel Ubaldo, un joven de 17 años abatido tras el ataque. Sus cómplices, Ramiro y Fernando Josué Leal, también murieron días después. La red incluía:

Jaciel N, alias El Pelón, reclutador de agresores.

Ricardo N, encargado de la huida.

Gerardo N, colaborador de El Licenciado.

Flor, detenida junto con él.

Alejandro Baruc, alias K-OZ, señalado como jefe de una célula dedicada a homicidios, extorsión y narcotráfico.

La respuesta del gobierno
Tras el crimen, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó un plan de pacificación en Michoacán:

378 detenciones por delitos de alto impacto.

Incautación de 768 kilos de metanfetaminas, 28,800 litros y 15,000 kilos de precursores químicos.

Desmantelamiento de 22 campamentos criminales y 50 tomas clandestinas.

Implicaciones
El caso expone la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y la vulnerabilidad de figuras políticas locales. La ejecución pública de Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad en Michoacán y evidenció la capacidad de las redes criminales para operar con complicidad institucional.

Comentario
La política en Uruapan parece más un guion de narcoserie que un gobierno municipal: funcionarios con antecedentes penales, WhatsApp como centro de mando y sicarios adolescentes reclutados como “mano de obra barata”. El Estado presume decomisos y detenciones, pero la verdadera pregunta es quién protege a los ciudadanos cuando los traidores llevan credencial oficial.