El gobierno federal llegó a un acuerdo con transportistas y agricultores tras días de bloqueos, pero solo después de que la presidenta calificara sus demandas como “injustificadas” y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, demostrara su incapacidad para negociar. Alcalde acusó al movimiento de ser una maniobra política y amenazó con procesos judiciales sin escuchar a los afectados, lo que evidenció que las decisiones no las toma quien aparece en la mesa, sino un círculo oscuro dentro del gobierno.

Los transportistas, que arriesgan sus vidas para distribuir medicinas y alimentos en un país donde el 30% del territorio está bajo control del narcotráfico, exigen seguridad ante extorsiones, robos y desapariciones, tanto de la delincuencia como de autoridades corruptas. Actualmente, deben viajar en convoys para protegerse, una medida que refleja el colapso de la seguridad en el país.

Los agricultores rechazan la reforma a la Ley General de Aguas, que busca estatizar el agua al separar su propiedad de la tierra. Esto prohibiría vender, heredar o transmitir el agua, obligando a modernizar sistemas de riego sin apoyo económico, cuando ya operan con pérdidas de $5,100 por tonelada de maíz. La reforma convertiría a Conagua en una “policía del agua”, un organismo con historial de corrupción, como el cobro en dólares a comunidades menonitas por permisos. Sin agua, las tierras agrícolas perderían valor, facilitando su compra por élites cercanas al gobierno, como los Monreal o el hermano del presidente López Obrador, quien ha adquirido propiedades en Tabasco.

El analista Jesús Alberto Hernández criticó el envío de petróleo a Cuba como una “traición a la patria”, mientras el país enfrenta escasez de medicinas y recursos para el campo. También denunció el caso del exfiscal Rocha Cantú y su relación con el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, como ejemplo de la red de corrupción que protege a la élite de la 4T. Hernández señaló que este escándalo revela la colusión entre autoridades y huachicoleros fiscales, donde familias cercanas al gobierno se han enriquecido mientras el país enfrenta una crisis económica y social.

El analista cuestionó la pasividad de las oposiciones ante estos escándalos y advirtió que, sin una respuesta contundente, México avanza hacia un régimen totalitario donde el Estado controla todos los recursos. “Si estos socialistas estuvieran en el desierto del Sahara, al rato hasta la arena escasearía”, ironizó Hernández, subrayando que el objetivo real es debilitar a los dueños de la tierra para que el gobierno y sus aliados puedan adquirirla a bajo costo.

El programa Ciudad 2.0 transmitió este análisis político, destacando la urgencia de que la sociedad y las oposiciones actúen para frenar el desmantelamiento del campo, la corrupción y la concentración de poder en el gobierno actual. Hernández concluyó que, si no hay una reacción firme, el futuro de México será un país sin agua, sin tierras productivas y sin justicia.