Ciudad de México. En un esfuerzo por contener las manifestaciones en el Poder Judicial, el Gobierno Federal ha solicitado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que suspenda el pago de salarios a los trabajadores que participan en un paro en protesta contra la reciente reforma judicial. La petición, canalizada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también incluye una advertencia de posibles despidos para aquellos que se mantengan en huelga.

En un documento enviado a la Secretaría de Gobernación y al propio Poder Judicial, la SHCP subraya que el CJF habría incurrido en irregularidades al emitir la circular que comunicó el paro, argumentando que la competencia en este asunto debería recaer en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en lugar del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Hacienda también cuestiona la legalidad del proceso por el cual el CJF decidió unirse al paro, señalando la falta de transparencia en la sesión extraordinaria del Pleno, donde no se especificó el quórum ni la votación de los consejeros.

Además, el Gobierno acusa a la Judicatura Federal de incumplir su responsabilidad de garantizar la continuidad en la impartición de justicia, afectando gravemente a la sociedad con la suspensión indefinida de actividades. Según la SHCP, el paro no está respaldado por la ley, lo que convierte a los participantes en “inasistentes injustificados”, exentándolos del derecho a recibir su salario.

La SHCP también advirtió que, de continuar el paro, podrían implementarse medidas disciplinarias severas, incluyendo descuentos en nómina, terminación de contratos, y otras sanciones administrativas. El documento recalca que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el CJF solo está obligado a pagar las remuneraciones a los empleados que cumplan con sus funciones de manera eficiente.

La postura del Gobierno es clara: la suspensión de actividades por parte del Poder Judicial es calificada como “ilegal”, y cualquier interrupción en el servicio de impartición de justicia no está justificada bajo la libertad de expresión o protesta. Con esta medida, el Gobierno Federal busca restablecer el funcionamiento pleno del Poder Judicial y asegurar que la reforma judicial siga su curso sin interrupciones.