Uruapan, Michoacán. — A casi cuatro meses del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, su viuda y actual presidenta municipal sustituta, Grecia Quiroz García, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra tres figuras políticas de Morena: el exgobernador Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.

La denuncia fue acompañada por integrantes del Movimiento del Sombrero, simpatizantes y trabajadores municipales, quienes respaldaron la exigencia de que se investigue la posible responsabilidad política en el crimen. “El que nada debe, nada teme. Yo voy a seguir en esa exigencia, así nos cueste la vida”, declaró Quiroz al salir de la Fiscalía.

Un asesinato que sacudió a Uruapan
Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante un acto público en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. El ataque conmocionó a la población y puso en evidencia la violencia que atraviesa Michoacán, uno de los estados más golpeados por la presencia de grupos criminales.

Desde entonces, la Fiscalía estatal ha realizado más de 10 detenciones relacionadas con el caso. Entre los capturados se encuentran Armando “N”, alias el Licenciado, señalado como autor intelectual, así como Yesenia M. R., secretaria particular del alcalde, acusada de colaborar con el presunto líder criminal. También fue detenido Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento.

La exigencia de una línea política
Aunque las investigaciones han apuntado hacia el círculo cercano de Manzo, Grecia Quiroz insiste en que no debe descartarse la línea política. Recordó que su esposo había denunciado públicamente a Godoy, Morón y Campos por presuntos vínculos con actores que generaban inestabilidad en el municipio. “Espero que esta no sea la excepción, porque ya hemos visto que se detiene a personas del mismo partido en otros casos”, subrayó.

Contexto político y judicial
El caso se ha convertido en un punto de tensión entre autoridades locales y federales. Mientras la Fiscalía estatal avanza con detenciones, la alcaldesa sustituta exige que se investigue a líderes políticos de alto nivel. La denuncia abre un nuevo capítulo en la crisis de seguridad y gobernabilidad en Michoacán, donde los homicidios de funcionarios municipales han sido recurrentes en los últimos años.

La presión social y política sobre la Fiscalía será clave en los próximos meses, pues la exigencia de justicia no solo busca esclarecer el asesinato de Manzo, sino también marcar un precedente contra la impunidad en los crímenes políticos.