Por Redacción

Veracruz, México. La reciente elección judicial en México ha sido sacudida por un caso que pone en jaque la credibilidad del sistema: Héctor Ulises Orduña Hernández, electo como juez mixto del distrito 2 en Veracruz con más de 44 mil votos, se encuentra actualmente en prisión preventiva por el presunto abuso sexual de una menor de edad, su propia sobrina.

Un triunfo bajo la sombra

Orduña Hernández fue postulado por el Poder Ejecutivo y participó en la elección del 1 de junio de 2025. A pesar de estar privado de su libertad desde abril por hechos ocurridos en 2021 —cuando presuntamente realizó tocamientos lascivos y mostró material sexual explícito a la víctima—, su candidatura no fue retirada a tiempo, y logró una victoria sin hacer campaña.

Reacciones y consecuencias

Diversas organizaciones civiles como Reinserta, Te Protejo y World Vision han condenado la posibilidad de que un acusado de delitos sexuales ocupe un cargo judicial. Señalan que esto representa un “grave riesgo” para la integridad del sistema de justicia y un mensaje de tolerancia institucional hacia la impunidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE), tras recibir presiones y ante la falta de respuesta de autoridades judiciales sobre la situación legal del candidato, decidió anular su constancia de mayoría. La vacante no será ocupada por el segundo lugar, sino que quedará abierta hasta nuevo aviso.

🧠 ¿Quién es Héctor Ulises?

Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con 20 años de experiencia, Orduña se presentaba como un reformador del sistema judicial. En su ficha de campaña proponía evaluaciones periódicas a jueces, brigadas de información en comunidades y una justicia más empática. Paradójicamente, hoy enfrenta cargos que lo colocan en el centro de una crisis institucional.

🧩 Un sistema en revisión

Este caso ha reavivado el debate sobre los filtros éticos y legales en la selección de funcionarios judiciales. ¿Cómo es posible que una persona con una investigación penal activa haya sido postulada y electa? ¿Qué mecanismos fallaron? La sociedad exige respuestas, y sobre todo, garantías de que la justicia no será administrada por quienes la vulneran.