Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en reportes de inteligencia militar, ha revelado que el grupo criminal La Barredora, presuntamente liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, estableció vínculos operativos y financieros con la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno de López Obrador.

Huachicol para el Tren Maya

Conversaciones interceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detallan que miembros de La Barredora planeaban suministrar 180 mil litros semanales de combustible robado para los trabajos en el tramo Campeche–Escárcega. El diésel provenía del puerto de Dos Bocas, Tabasco, y era ofrecido a precios bajos, sin factura, en esquemas que implicaban evasión fiscal y tráfico desde Estados Unidos.

Renta de terrenos en Quintana Roo

Además del huachicol, los reportes militares documentan negociaciones para rentar nueve hectáreas en Quintana Roo al gobierno federal, con pagos mensuales de hasta 700 mil pesos por hectárea. Las propiedades estaban ligadas a la exesposa de un operador del grupo criminal, identificado como “Chua”.

Red familiar e institucional

El vínculo político se profundiza con la participación de Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del líder del grupo, quien fue responsable de los tramos 4 y 5 del Tren Maya como funcionario de Fonatur. Fue destituido por acusaciones de corrupción, incluyendo el uso indebido de propiedades oficiales en Cancún.

Complicidad y omisiones

A pesar de que los informes de inteligencia militar datan de noviembre de 2019, Bermúdez Requena fue nombrado secretario por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco y actual senador por Morena. Su sucesor, Carlos Merino Campos, lo mantuvo en el cargo incluso después de los señalamientos. Bermúdez huyó del país en febrero de 2025 y cuenta con ficha roja de Interpol.

Reacciones políticas

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido señalada por críticos que afirman que “no tiene un García Luna, tiene todo un gobierno involucrado con el crimen organizado”. Aunque no ha emitido una postura directa sobre el caso, el escándalo ha reactivado el debate sobre narcopolítica, corrupción institucional y la vulnerabilidad de megaproyectos ante redes criminales.