En México, la búsqueda de desaparecidos se ha convertido en una batalla desigual, liderada por madres que enfrentan no solo la ausencia de sus seres queridos, sino también la indiferencia y obstáculos impuestos por las instituciones. Liliana Mesa, madre buscadora y fundadora del colectivo Luz de Esperanza, es un ejemplo de esta lucha.

Desde que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de su hijo, desaparecido en 2020 por hombres que portaban identificaciones de la Fiscalía de Jalisco, las trabas burocráticas se han multiplicado. Las búsquedas se retrasan más de un año, los recursos son inexistentes y las autorizaciones para cateos en predios clave son negadas. Dos policías municipales implicados en el caso siguen activos, protegidos por un sistema que parece castigar a quienes buscan justicia.

Te podría Interesar: http://Rancho Izaguirre Entre la Búsqueda de la Verdad y el Silencio Oficial – Ocho Ochenta Noticias

El panorama es desolador. La FGR, que prometió la creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta clave para la identificación de desaparecidos, no ha cumplido con su implementación efectiva.

Según organizaciones civiles, este banco de datos, mandatado desde 2019, sigue sin operar a cabalidad, dejando sin resolver la emergencia de más de 124 mil desaparecidos y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados.

El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es otro ejemplo de la inacción institucional. Este predio, señalado como un centro de reclutamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue asegurado por la FGR en septiembre de 2024. Sin embargo, seis meses después, colectivos de búsqueda encontraron fosas clandestinas y restos humanos calcinados, evidenciando la deficiente labor de las autoridades.

Te podría Interesar: http://Sheinbaum pide verdad sobre el rancho Izaguirre en Jalisco. – Ocho Ochenta Noticias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a redoblar esfuerzos en la investigación y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Mientras tanto, las madres buscadoras son tratadas como estorbos, enfrentando revictimización y abandono.

Liliana Mesa denuncia que, en lugar de apoyo, reciben trabas constantes, como la falta de acompañamiento psicológico y la criminalización de sus esfuerzos. “No es negligencia, es sabotaje deliberado y sistemático”, afirma.

La pregunta que queda en el aire es: ¿qué es lo que no quieren encontrar? La lucha de estas madres no solo es por sus hijos, sino por la verdad y la justicia en un país donde el olvido institucional parece ser la norma.