La reciente reforma al artículo 19 constitucional, impulsada por la administración de MORENA, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y garantías individuales.

Bajo el pretexto de combatir la delincuencia, el gobierno de la Cuarta Transformación ha expandido los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, creando un mecanismo que amenaza directamente las libertades ciudadanas.

La reforma incluye una amplia gama de delitos, desde crimen organizado hasta lo que se denominan “delitos ideológicos”.

Destaca especialmente la categoría de delitos contra el “libre desarrollo de la personalidad”, que podría criminalizar incluso la labor educativa y de crianza de los padres.

Los críticos señalan múltiples problemas con esta reforma: vulneración de la presunción de inocencia, promoción de la privación ilegal de la libertad, socavamiento del control judicial y discriminación en la aplicación de la justicia.

Lo más grave es el potencial uso de esta reforma como herramienta de control político. La facilidad para detener a una persona sin una investigación exhaustiva abre la puerta a persecuciones arbitrarias contra opositores.

La reforma golpea especialmente a los sectores más desprotegidos. Trabajadores como empleadas domésticas podrían ser encarcelados rápidamente sin los recursos para una defensa adecuada.

Esta reforma refleja la tendencia autoritaria de MORENA, consolidando un poder estatal que erosiona sistemáticamente los derechos civiles.

Es un llamado de atención para los ciudadanos sobre la necesidad de defender las libertades fundamentales.

La sociedad civil debe mantenerse vigilante y usar los mecanismos democráticos para frenar esta deriva autoritaria que amenaza los principios básicos del estado de derecho.