Ayer miércoles 1 de febrero del 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un pronunciamiento que permite a los ciudadanos utilizar las redes sociales, como Twitter, para hacer peticiones a las autoridades y éstas estarán obligadas a responder. Esta resolución surge de un juicio de amparo indirecto promovido por una persona física que hizo tres peticiones a través de Twitter al Ayuntamiento de Guadalajara, las cuales no fueron respondidas.
La Primera Sala analizó la doctrina y el contexto histórico del derecho de petición y concluyó que las peticiones formuladas a través de Twitter están protegidas por la Constitución siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La autoridad debe ser titular de la cuenta a la que se hacen las peticiones, haber habilitado normativa o institucionalmente el uso de la red social como parte de su actuar oficial, y tener indicios de que utiliza la plataforma para responder peticiones. Además, la petición debe ser pacífica, respetuosa y cumplir con los elementos exigidos según el contenido de la misma.
En este caso, la Primera Sala concedió la protección constitucional para que el Ayuntamiento responda a las tres peticiones formuladas a través de Twitter. La decisión se limita al caso concreto y similares deberán ser analizados y resueltos de manera individual.
En resumen, el pronunciamiento de la SCJN permite a los ciudadanos hacer uso de las redes sociales para hacer peticiones a las autoridades y estas estarán obligadas a responder, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Esta decisión representa un avance en el derecho de petición y en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la participación ciudadana.