La reciente liberación de Jesús «N», alias «Don Chuy», presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, ha desatado una controversia que cuestiona la efectividad del sistema judicial mexicano. Las inconsistencias en la investigación y acusaciones de falsos testimonios han colocado a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) bajo los reflectores, mientras la violencia ligada al crimen organizado sigue en aumento.

El 6 de marzo, un juez federal tomó la decisión de no vincular a proceso a «Don Chuy» debido a la falta de pruebas contundentes por parte de la fiscalía. La Guardia Nacional y la Guardia del Estado presentaron versiones contradictorias sobre su captura, lo que debilitó el caso. Esto llevó a la Jufed a defender el fallo, argumentando que los derechos procesales deben prevalecer incluso en casos de alto perfil.

Sin embargo, la liberación no estuvo exenta de consecuencias. Horas después, presuntos integrantes del grupo criminal encabezado por «Don Chuy» atacaron a fuerzas de seguridad en la región. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, calificó la decisión como un “grave retroceso” en la lucha contra el narcotráfico, criticando la falta de recursos legales por parte de la fiscalía para apelar el fallo.

Por otro lado, desde enero de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita recapturarlo, reforzando su posición como uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Conclusión: El caso de “Don Chuy” subraya las tensiones entre el respeto al debido proceso y la urgencia de combatir al crimen organizado. Mientras los sistemas judicial y de seguridad se enfrentan a críticas, queda en el aire la pregunta de si se podrían evitar decisiones controvertidas como esta con una mayor coordinación y preparación de las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad.