El grupo de Los Puros y Duros de Morena, encabezado por figuras como Alfonso Ramírez Cuéllar y con respaldo del entorno de Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa para posponer la segunda etapa de la Elección Judicial prevista en 2027 hasta junio de 2028.

La propuesta surge en un contexto electoral cargado:

En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, la mayoría de alcaldías y regidurías del país.

Además, se realizará el proceso de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se perfila como un ejercicio de ratificación.

En ese mismo año estaba programada la segunda parte de la Elección Judicial, tras la primera celebrada en 2025.

Ramírez Cuéllar argumentó que separar la elección judicial de los comicios legislativos y de la revocación garantizaría mayor independencia y evitaría que los gobernadores impongan perfiles, como ocurrió en varios estados en 2025.

Los objetivos de la iniciativa
Desaparecer los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, que mostraron criterios dispares en la selección de candidatos a jueces y magistrados.

Concentrar el palomeo de candidaturas en el Poder Ejecutivo federal, evitando que los gobernadores y congresos locales influyan en la conformación de listas.

Asegurar que las candidaturas cumplan con parámetros de idoneidad y profesionalización, alejadas de intereses políticos y económicos.

Contexto político
La propuesta refleja la creciente tensión dentro de Morena:

Los Puros buscan blindar la independencia judicial y limitar la influencia de gobernadores.

Los neomorenistas, expriistas y expanistas ven en la elección judicial una oportunidad para ampliar su poder territorial.

El aplazamiento a 2028 abriría un nuevo frente en la Reforma Electoral que Sheinbaum pretende presentar en los próximos meses, complicando aún más las negociaciones con el PT y el Verde.

Comentario
Morena dice que quiere independencia judicial, pero lo que realmente busca es cambiar la fecha para que el control no lo tengan los gobernadores… sino el Ejecutivo federal. En resumen: la justicia no se aplaza por democracia, se aplaza por conveniencia.