El gobierno anda en busca de un voto determinante para la aprobación final del «Plan B» de la reforma del INE en la Suprema Corte. En el máximo tribunal domina el tema de que la mayor presión se enfocara en los Ministros Margarita Ríos-Farjat y Alberto Pérez Dayán. Ese voto en vez de tomarse en cuenta para desechar pedidos de inconstitucionalidad se sumará a los ya seguros en favor del oficialismo: Yasmín Esquivel, Arturo Zaldívar y Loretta Ortíz.
La presión sobre Ríos-Farjat inquieta en la Corte porque se da por descontado que el Gobierno va a investigar a fondo los negocios familiares de la ministra. Especialmente los de su esposo como consultor de grandes corporaciones fundamentalmente una del sector tabacalero tanto esto se ha visto reflejado en fallos judiciales como en el patrimonio de la ministra.
Un mecanismo en marcha. desde la semana pasada Pablo Gómez, titular de la UIF hizo un comentario en privado la cantidad de cuentas bancarias que tiene el esposo de Ríos Farjat. Un número irrisorio y que su sola enunciación alimenta sospechas.
Cerca de Adán Augusto López Hernández, hay un registro de múltiples gestiones de Ríos-Farjat ante jueces de tribunales inferiores y por motivos de intereses de particulares. Algo que también es muy conocido en la vocalía de Norma Piña.
En Segob la ministra está apuntada además desde la votación que encumbró a Piña como titular de la Corte.
El caso de Pérez Dayán también tiene su epicentro en ramificaciones familiares, concretamente un hijo que habría tenido entendimientos de diverso tipo con Humberto Castillejos, consejero jurídico en el sexenio anterior.
A esto también se le agrega la gran predilección que tiene el ministro por eventos deportivos, especialmente cuando es invitado a los mismos por grandes empresas sobre cuyos asuntos luego debería entender en la Corte.
El Gobierno busca un cuarto voto porque conoce que una derrota implicará lo evidente: que el Plan B no exista en la próxima elección presidencial.