El caso de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, sancionado por la OFAC el 29 de septiembre de 2026 por presunto apoyo financiero al Cártel de Sinaloa, coloca bajo revisión la relación pública que mantuvo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Apariciones públicas
La cercanía entre ambos quedó registrada en distintos eventos:

Abril 2025: Tianguis Turístico en San Diego, California.
Febrero 2026: desayuno por el Día del Ejército en Tijuana.
Junio 2026: lanzamiento de la campaña “Baja California es para ti” en CDMX.
Septiembre 2026: conferencia en la UABC sobre emprendimiento.

En todos estos actos, Moreno Santelices se presentó como empresario diversificado, fundador de Grupo Marsan, con negocios en seguridad tecnológica, inmobiliario y entretenimiento.

Empresas señaladas
La sanción estadounidense alcanzó a varias compañías vinculadas con el empresario:

Inteliproof Efficient
Baja Fixer Group
Private Equity Baja / Bursátil
Festivales Artistas Mobiliario Asesoría
Conciertos y Espectáculos Inhouse
Wermak Publired
Holistic Wellwaves
Proyecto Alerta Verde
Videovigilancia Colaborativa

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron que Inteliproof recibió contratos por más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California entre 2022 y 2025, además de adjudicaciones directas de la Oficialía Mayor por 3 millones en 2024.

La reacción de Marina del Pilar
Tras la sanción, la gobernadora se deslindó públicamente y ordenó revisar si las empresas señaladas estaban en el padrón de proveedores estatales, con la instrucción de enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción en caso de irregularidades.
Cabe recordar que en mayo de 2025 Estados Unidos revocó su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres, sin explicar públicamente los motivos.

El caso Moreno Santelices refleja cómo las sanciones de Washington pueden alterar el tablero político local. La cercanía pública con Marina del Pilar, aunque anterior a la designación de OFAC, genera un desgaste adicional en un contexto donde Baja California ya enfrenta cuestionamientos por vínculos de exfuncionarios con el crimen organizado.

Conclusión
La sanción de OFAC no equivale a una sentencia penal en México, pero sí obliga a revisar contratos públicos y relaciones institucionales. El reto para Marina del Pilar será demostrar que su administración no favoreció a empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa y que las medidas de deslinde son más que un gesto político.