Jueces federales exigen la suspensión de elecciones tras admisión de denuncia en la ONU

La reforma judicial en México ha escalado a un nuevo nivel de controversia internacional. Luego de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitiera la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el país enfrenta un escenario de vigilancia global sobre la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos de los juzgadores.

La JUFED ha solicitado la suspensión inmediata de las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, argumentando que el proceso electoral podría comprometer aún más la autonomía del Poder Judicial. La reforma, que contempla la elección popular de jueces y magistrados, ha sido señalada como un riesgo para la imparcialidad y estabilidad del sistema judicial, especialmente en un contexto donde el crimen organizado mantiene una fuerte presencia en diversas regiones del país.

Preocupaciones internacionales y presión sobre el gobierno mexicano

El caso no solo ha sido admitido por la ONU, sino que también ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que ha expresado su preocupación por los efectos de la reforma en el acceso a la justicia y el Estado de Derecho. La CIDH ha advertido que la medida podría debilitar las garantías de independencia judicial y afectar la calidad de la impartición de justicia en México.

Además, la CIDH ha convocado una audiencia en Washington el próximo 12 de noviembre, donde jueces, magistrados y expertos expondrán los riesgos de la reforma ante el organismo internacional. La comunidad jurídica ha señalado que la rapidez con la que se ha aprobado la reforma y la falta de un diagnóstico sobre sus efectos podrían generar un impacto negativo en la estructura judicial del país.

El dilema de la elección popular de jueces

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la implementación de elecciones populares para jueces, magistrados y ministros, un modelo que, según expertos, podría abrir la puerta a la influencia de grupos de poder y del crimen organizado en el sistema judicial. La CIDH ha subrayado que la falta de mecanismos de protección adecuados podría comprometer la seguridad de los operadores de justicia y la imparcialidad de los procesos judiciales.

Mientras el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión internacional, la comunidad jurídica y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo un diálogo amplio y participativo para evaluar los efectos de la reforma antes de su implementación definitiva. La decisión de suspender o continuar con las elecciones judiciales del 1 de junio será clave para definir el futuro del Poder Judicial en México.