Reportero de Policíacas
La crisis migratoria que ha azotado a Chihuahua y otras ciudades fronterizas muestra signos de alivio, pero deja tras de sí un rastro de problemas humanitarios, socioeconómicos y medioambientales que demandan acciones urgentes y concretas del nuevo gobierno federal.
El campamento migrante ubicado junto al bulevar Juan Pablo II y la calle 57, que hace semanas albergaba a miles de personas, hoy luce casi desierto. Sin embargo, la escena está lejos de ser alentadora. El área, antes bulliciosa con familias y individuos en busca del «sueño americano», ahora es un páramo de chozas abandonadas, ropa desechada y basura. Este escenario no solo desfigura el paisaje urbano de Chihuahua, sino que también simboliza el fracaso estrepitoso de las políticas migratorias del gobierno anterior.
Los efectos adversos se extienden más allá del campamento, permeando el tejido económico local. Negocios aledaños, como un Oxxo recién inaugurado, reportan caídas dramáticas en sus ventas. La combinación de inseguridad percibida y disminución del tráfico peatonal ha transformado lo que debería ser un negocio próspero en un ejemplo más de las víctimas colaterales de una gestión migratoria deficiente.
La raíz del problema, según expertos en migración y seguridad nacional, radica en la política de «puertas abiertas» implementada por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Al permitir la entrada masiva de migrantes sin un registro adecuado, la administración anterior no solo sobrecargó la infraestructura y los recursos de las ciudades fronterizas, sino que también expuso a los migrantes a peligros inenarrables.
Informes de organizaciones de derechos humanos revelan un panorama sombrío: migrantes reclutados forzosamente por cárteles, otros víctimas de trata, explotación sexual o tráfico de órganos. La ausencia de un registro migratorio robusto ha impedido cuantificar la magnitud real de estas atrocidades, dejando un vacío de información que solo amplifica la tragedia.
Esta crisis ha tensado significativamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La apuesta de López Obrador por desafiar las políticas migratorias estadounidenses con su enfoque laxo resultó contraproducente. En respuesta, EE.UU. ha endurecido sus fronteras y aumentado las deportaciones, creando un limbo humanitario donde los migrantes quedan atrapados entre dos naciones.
El nuevo gobierno federal hereda este desastre multifacético. La ciudadanía no solo exige la limpieza y rehabilitación de los espacios degradados por los campamentos, sino una revisión integral y urgente de la política migratoria nacional. Se demandan fronteras seguras, procesos de registro rigurosos, cooperación internacional efectiva y, crucialmente, un plan para identificar y asistir a las innumerables víctimas de esta crisis.
Mientras tanto, Chihuahua y otras ciudades fronterizas cargan con el peso de esta herencia. Los índices de delincuencia han escalado, los servicios públicos están al borde del colapso y la economía local se tambalea. El mensaje para el nuevo gobierno es inequívoco: la inacción y las políticas bienintencionadas pero mal ejecutadas tienen consecuencias catastróficas que trascienden fronteras y generaciones.
