En el programa Ciudad 2.0, transmitido por televisión e internet, los analistas políticos Jesús Alberto Hernández desde Chihuahua y Víctor Hernández desde Durango abordaron temas clave de la agenda nacional, destacando el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como fiscal y la reforma a la Ley General de Aguas, ahora convertida en Ley de Aguas Nacionales. Ambos temas, según los analistas, reflejan el avance de lo que Hernández calificó como “el segundo piso del régimen autoritario del bienestar”, una continuidad del gobierno anterior con decisiones que generan controversia y polarización.

Hernández criticó el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos, señalando que su cercanía con la senadora Claudia Sheinbaum Pardo y su historial en la Fiscalía de la Ciudad de México —donde se le atribuye el uso del espionaje político sin orden judicial y la persecución selectiva contra opositores— envían una mala señal sobre la independencia de los poderes. Mencionó casos como el de Lili Téllez y Santiago Taboada, así como la protección a figuras cuestionadas dentro del mismo partido, como Florencia Salazar, vinculada al colapso de la Línea 12 del Metro. “Cualquiera hubiera sido mejor opción que ella”, afirmó, subrayando la falta de división de poderes y el riesgo de instrumentalizar la justicia con fines políticos.

El análisis también se centró en la Ley de Aguas Nacionales, donde los analistas coincidieron en que, aunque el discurso oficial enfatiza la protección del agua como derecho humano y su no mercantilización, las acciones concretas revelan un interés por el control estatal más que por garantizar el acceso al líquido. Hernández destacó que más del 40% del agua potable se pierde por fugas en redes obsoletas, un problema que no se aborda con la urgencia requerida. “Si realmente les importara el agua, habrían presupuesto para renovar la infraestructura”, señaló, criticando la falta de acciones para modernizar sistemas de distribución que datan de hasta 40 años.

Un punto clave del debate fue la falta de articulación de la oposición. Hernández y Hernández coincidieron en que, mientras partidos como el PRI votaron en bloque contra las reformas, el PAN mostró divisiones internas, con votos a favor de panistas de estados como Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua, lo que sugiere posibles acuerdos con el gobierno federal. “Es inexplicable que panistas apoyen a una fiscal que los ha perseguido”, comentó Alberto Hernández, cuestionando la coherencia de sus dirigentes.

Asimismo, criticaron la falta de representación efectiva de partidos como Movimiento Ciudadano, cuyos senadores, como Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda, votaron a favor de las iniciativas del oficialismo, a pesar de su discurso de independencia. “La auténtica oposición está en la sociedad civil”, afirmó Hernández, destacando la movilización de sectores como transportistas, campesinos, médicos y familias afectadas por recortes sociales, quienes han salido a las calles en protesta. “Son más de 30 millones de afectados por la Cuarta Transformación”, estimó, señalando que este descontento no ha sido capitalizado por los partidos.

Los analistas concluyeron que la oposición política carece de una estrategia clara para canalizar el descontento social. Hernández propuso que los partidos deberían acompañar y organizar a los sectores afectados, desde productores agrícolas hasta víctimas de la inseguridad, para construir una fuerza capaz de equilibrar el poder. “Necesitamos ver a los partidos en las calles, no solo en los escritorios”, recalcó, subrayando que la articulación de estos grupos podría marcar la diferencia en el futuro político del país.

El programa cerró con un llamado a reflexionar sobre el papel de la oposición y la sociedad en un contexto donde, según los analistas, el énfasis del gobierno está en el control y no en el bien común. “La sociedad está dando la pelea, pero necesita liderazgos que la representen”, finalizó Hernández, mientras ambos coincidieron en la importancia de reconstruir un proyecto opositor con raíces sociales y no solo partidistas.