Por Redacción | Ciudad de México

La sombra del software espía más infame del siglo XXI vuelve a proyectarse sobre la justicia mexicana. A una década de la compra ilícita del sistema Pegasus por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado los procedimientos legales contra exfuncionarios involucrados y, en un giro inédito, también contra una jueza federal.

La FGR anunció este miércoles que apeló la resolución emitida en 2014 por la jueza Alejandra Domínguez Santos, quien se negó entonces a abrir investigación contra Judith Aracely Gómez, exoficial mayor de la PGR, por la adquisición irregular de Pegasus. El espionaje incluyó a periodistas, activistas, e incluso al entonces opositor Andrés Manuel López Obrador.

Según la Fiscalía, Gómez incurrió en delitos de uso indebido de funciones, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa al permitir la compra de Pegasus por 460 millones de pesos sin justificación legal o necesidad institucional. Las acusaciones apuntan a una presunta operación concertada que atentó gravemente contra el erario público.

Pero la sorpresa mayor reside en que la FGR también abrirá una carpeta de investigación contra la propia jueza Domínguez Santos, por presuntos delitos contra la administración de justicia. Esta decisión plantea un delicado precedente: por primera vez se investiga penalmente a una jueza por obstaculizar un proceso vinculado a violaciones masivas de derechos humanos.

El caso Pegasus, revelado en 2021 por una investigación periodística internacional, mostró que México fue el país que más abusó del software: más de 15,000 dispositivos fueron espiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre las víctimas se encuentran padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y diversos actores políticos.

Con la apelación en curso y una nueva ofensiva judicial, la FGR reabre no solo un expediente legal, sino el debate sobre impunidad, vigilancia estatal y los límites de la justicia ante crímenes institucionales.