La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que un eventual recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendría un impacto negativo en la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) continuar prestando servicios a personas vulnerables.
En su intervención ante integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), Piña Hernández destacó que el PJF enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
«En el caso del IFDP, un recorte presupuestario afectaría de manera directa la prestación de servicios de defensa pública a las personas que no tienen los recursos para contratar un abogado, lo que podría conducir a violaciones al derecho humano a la defensa adecuada», señaló la ministra.
Piña Hernández también destacó que un recorte al presupuesto del PJF podría afectar la capacidad de la Corte para garantizar la protección de los derechos humanos en México. «La SCJN es el máximo intérprete de la Constitución y tiene la obligación de garantizar que las leyes y actos de las autoridades se apeguen a la Carta Magna», dijo. «Un recorte presupuestario limitaría la capacidad de la Corte para cumplir con esta obligación».
La ministra presidenta de la SCJN hizo un llamado al gobierno federal para garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento adecuado del PJF. «La justicia es un derecho humano fundamental y el PJF es un pilar fundamental del Estado de Derecho», dijo. «Es necesario garantizar que el PJF tenga los recursos necesarios para cumplir con su función».
El GTDA es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encarga de examinar denuncias sobre detenciones arbitrarias. La visita del GTDA a México se llevó a cabo del 20 al 24 de junio de 2023.