Redacción

En el programa Ciudad 2.0, como cada martes se analizaron los temas más urgentes que delinean la agenda política nacional, destacando una preocupante tendencia hacia el control estatal, la desconexión de los partidos opositores y el surgimiento de voces ciudadanas independientes.

Uno de los puntos centrales fue la propuesta del diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, quien el 28 de octubre presentó una iniciativa para modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta busca someter las plataformas digitales y redes sociales de líderes religiosos—obispos, sacerdotes, pastores e incluso comunidades judías y musulmanas—a la supervisión de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bajo el pretexto de combatir “discursos de odio” y garantizar “neutralidad”, el proyecto es calificado como una “Inquisición del Bienestar” que vulnera derechos humanos fundamentales: la libertad religiosa y la libre comunicación. Resulta paradójico que un legislador ligado al salinismo y señalado por controversias patrimoniales impulse una medida que, lejos de fomentar el equilibrio, evoca prácticas autoritarias. El Episcopado Mexicano ya ha manifestado su preocupación, llamando a evitar mensajes agresivos, pero rechazando cualquier intromisión estatal.

Este afán controlador se extiende a otros ámbitos. El pasado viernes, funcionarios de la Secretaría del Trabajo irrumpieron en las instalaciones de TV Azteca y Periódico Reforma para verificar la paridad de género. Aunque formalmente se enmarca en cumplimiento normativo, estas acciones son interpretadas como un amedrentamiento a medios críticos al gobierno. Es un recordatorio de que la impaciencia frente a la disidencia se vuelve cada vez más burda, consolidando un Estado que avanza hacia mecanismos de vigilancia y coerción.

En el ámbito opositor, el PAN enfrenta su propia crisis. El relanzamiento del partido en Chihuahua, con una marcha encabezada por la gobernadora y el presidente nacional Jorge Romero, mostró una movilización en “frío”: autoreferencial y desconectada de las demandas ciudadanas. Mientras la población exige seguridad, acceso a medicamentos y mejoría económica, el panismo insiste en consignas abstractas como “democracia” y “libertad”, sin anclaje en la realidad. Su negativa a articularse con otros sectores o conmoverse ante dramas nacionales—como las protestas por el asesinato de Carlo Manso o los bloqueos de productores agrícolas—revela una ceguera estratégica. Mientras la Fiscalía General de la República actúa contra quienes bloquean carreteras por el maíz, ignora a grupos afines al gobierno que realizan acciones similares. La incapacidad del PAN para capitalizar este descontento refleja su pulso perdido con la sociedad.

La seguridad nacional tampoco escapa al análisis. El “Plan Michoacán”, anunciado con bombos y platillos, sigue la estela de esfuerzos fallidos como el “Plan Sinaloa”. Aunque se ha desplegado tropa en la región, la duda persiste: ¿será una estrategia basada en inteligencia para desarticular mafias o solo una presencia cosmética? La experiencia en Sinaloa—donde la guerra interna lleva más de un año sin solución—advierte sobre la inconsistencia de estos operativos.

Finalmente, emerge un actor inesperado: la Generación Z. Sus manifestaciones, alejadas de siglas partidistas, son un termómetro del malestar ciudadano. La convocatoria a movilizaciones este fin de semana confirma que, cuando los partidos fallan, la sociedad busca sus propios cauces. Escuchar estas voces ya no es una opción, sino una necesidad para entender el México actual.

En síntesis, la semana transita entre el riesgo del autoritarismo, la irrelevancia de la oposición tradicional y la resiliencia de una ciudadanía que exige ser escuchada.