La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este 13 de enero la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), mientras organizaciones como Artículo 19 advierten que la norma mantiene riesgos para la libertad de expresión al dejar la asignación de publicidad oficial bajo control discrecional del Ejecutivo.

La Ley General de Comunicación Social (2018) regula el gasto público en publicidad oficial. Fue impugnada por organizaciones civiles y partidos políticos por carecer de reglas claras en la asignación de recursos.

Los riesgos señalados por Artículo 19
Concentración de poder: La administración de la publicidad oficial queda en manos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sin un órgano autónomo que supervise.

Fiscalización tardía: La revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ocurre después de ejercido el gasto, lo que impide corregir abusos en tiempo real.

Mensajes extraordinarios: La figura permite difundir mensajes no programados ante “situaciones urgentes”, pero su definición ambigua abre la puerta a discrecionalidad.

Medios comunitarios y locales: La ley no contempla acciones afirmativas para corregir desigualdades históricas, dejando en desventaja a medios independientes.

La postura de la SCJN
El proyecto de resolución, elaborado por la ministra Loretta Ortiz, propone avalar la ley pese a reconocer deficiencias.

La Corte sostiene que la fiscalización existente es suficiente y que la norma es incluyente en términos formales.

Implicaciones
La decisión de la SCJN marcará el rumbo de la relación entre medios y gobierno en México. Una validación sin reformas podría perpetuar el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión política, mientras que una reforma sustantiva abriría la puerta a mayor transparencia y equidad en el acceso a recursos.

Comentario
En México, la publicidad oficial parece más un programa de lealtades que de comunicación. La SCJN discute si la discrecionalidad del Ejecutivo es constitucional, mientras los medios comunitarios siguen esperando que la democracia también se publique en sus páginas. Al final, la libertad de expresión corre el riesgo de convertirse en un anuncio pagado… por SEGOB.