La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió regresar a tribunales locales de Monterrey, impugnaciones relacionadas a efectuar una consulta popular para elegir Fiscal General del Estado en Nuevo León, propuesta realizada por el gobernador, Samuel García.

De forma unánime la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una controversia promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en contra de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral local y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Informó la Suprema Corte respecto al tema:

En principio, el Gobernador solicitó una consulta popular en la modalidad de referéndum, con el objetivo de “determinar si tienen lugar las reformas respecto a conservar la facultad del Gobernador del Estado para intervenir en el proceso para la designación del Fiscal General del Estado, del artículo 159 fracción Il de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia local resolvió que dicha solicitud era ilegal, porque el Gobernador no puede solicitar una consulta popular en carácter de referéndum, en virtud de que la reforma de la ley planteada no está dentro de sus facultades.

En contra de tal decisión, el Gobernador promovió juicio electoral ante el Tribunal Electoral de Nuevo León, el cual se sobreseyó. Inconforme, el Titular del Ejecutivo impugnó la resolución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien, luego de una primera revisión, revocó la sentencia y determinó, entre otras cuestiones, que se debía dictar otra para el efecto de que se ordenara al Tribunal Superior emitir una nueva determinación de fondo. En cumplimiento el Tribunal Electoral local revocó la decisión del Tribunal Superior de Justicia y ordenó que emitiera una nueva en la que se le reconociera legitimación al Gobernador para solicitar la consulta y se pronunciara solamente sobre la trascendencia y legalidad de ésta.

En desacuerdo con lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León promovió controversia constitucional en la que impugnó las resoluciones emitidas por los Tribunales electorales mencionados, tras deliberar que con su emisión se vulneró su esfera de competencia.

El 8 de junio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió al Senado y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la destitución de Pedro José Arce Jardón, actual titular de la Fiscalía General del Estado, además de solicitar que se le someta a juicio político y se le remueva de su cargo.