La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró categórica en su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó la demanda interpuesta por México contra fabricantes de armas norteamericanas, acusadas de facilitar el tráfico ilegal hacia territorio mexicano. Durante la conferencia mañanera de este viernes, Sheinbaum dejó claro que su gobierno no está de acuerdo con la resolución y anunció que seguirá insistiendo en la vía legal para combatir el comercio ilícito de armamento, al que responsabiliza, en gran parte, a las empresas estadounidenses.

Contexto y argumento del fallo.

El fallo de la Corte Suprema fundamentó su decisión en que no se pudo establecer un vínculo directo entre la fabricación de armas y su tránsito ilícito hacia México. Según el tribunal, la evidencia presentada no demostraba que las fabricantes hayan participado activamente en el tráfico de armas. No obstante, la presidenta Sheinbaum resaltó que, de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 75% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente del país vecino. Con esta información, la mandataria subrayó que existe una relación clara entre la producción en masa de armamento en EE.UU. y su desvío hacia el país, lo que alimenta la violencia y el crimen organizado en suelo mexicano.

La posición del gobierno mexicano

Durante su conferencia, Sheinbaum enfatizó que, pese al argumento jurídico de la Corte Suprema, la administración federal considera que las responsabilidades de los fabricantes no pueden eludirse. “No estamos de acuerdo”, afirmó la presidenta, aludiendo directamente al fallo que establece que “no hay relación” entre quien fabrica las armas y su flujo ilegal hacia México. Para la mandataria, esta postura es inaceptable, ya que se basa en una interpretación limitada de la realidad del armamento que circula en el país. Además, resaltó que, en materia de seguridad nacional, México posee registros detallados de cada arma incautada: su número de serie, procedencia y el delito en el que se usó, información clave que respalda la demanda presentada.

Acciones pendientes y la estrategia legal

Sheinbaum también informó que, si bien la demanda contra los fabricantes de armas fue desestimada, existe otra acción legal en curso. En este nuevo proceso, el foco se desplaza hacia las distribuidoras y vendedoras de estos productos, entidades que, según el gobierno mexicano, juegan un papel fundamental en facilitar el tránsito de armamento hacia el país. “Queda otra demanda pendiente, esta era contra las productoras de armas, queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas”, puntualizó la presidenta, destacando que el gobierno está trabajando estrechamente con un robusto cuerpo de abogados en esta materia. La estrategia, según Sheinbaum, es múltiple: se busca no solo responsabilizar a los fabricantes, sino también poner presión sobre quienes comercializan estas armas sin la debida diligencia.

Colaboración y reconocimiento internacional

En un aspecto poco señalado por la oposición, la presidenta comentó que, por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense reconoce la importancia de su propia participación para disminuir el flujo de armas ilegales hacia México. Este reconocimiento, aunque todavía en etapas iniciales, abre la puerta a un diálogo más constructivo y a posibles acuerdos bilaterales que podrían fortalecer las medidas de control en el tránsito de armamento. En este sentido, Sheinbaum resaltó que la colaboración entre ambos países es esencial no solo para impedir el paso de drogas a territorio estadounidense, sino también para cerrar la puerta al tráfico de armas que alimenta la violencia en México.

Impacto en la política interna y la percepción pública

El fallo ha generado debate tanto en el ámbito jurídico como en el político. Para muchos sectores en México, la decisión de la Corte Suprema es un revés a la lucha contra el crimen organizado y la violencia armada. La postura de Sheinbaum, por el contrario, refuerza el compromiso del gobierno federal de actuar enérgicamente contra las empresas que, a su juicio, permiten que armas destinadas al mercado legal sean desviadas para alimentar actividades delictivas. Además, el tema tiene una gran resonancia en la opinión pública, donde el control de armas es un asunto que toca la fibra de la seguridad ciudadana. La presidenta aseguró a los ciudadanos que se continuarán buscando vías legales y diplomáticas para que se haga justicia y se logre un mayor control sobre el tráfico ilícito de armas.

El desafío de la presidenta Sheinbaum frente al fallo de la Corte Suprema de EE.UU. simboliza un punto de inflexión en la política de seguridad en México. Por un lado, reafirma la postura del gobierno federal de no ceder ante decisiones judiciales que, en su opinión, minimizan la responsabilidad de actores clave en el flujo ilegal de armamento. Por otro, destaca la necesidad de continuar impulsando estrategias multilaterales y una mayor cooperación internacional para frenar un problema que tiene profundas implicaciones en la violencia y el crimen organizado en el país. Con otra demanda en el horizonte y la promesa de seguir luchando en la esfera legal, el gobierno de México se prepara para un largo camino de negociaciones y nuevas acciones que podrían marcar un antes y un después en el control del tráfico de armas en la región.