Parecía que sus nombres se habían olvidado, pero no fue así. La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum embistió en su conferencia mañanera contra el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por concesiones que calificó de “no ser correctas”. En su equipo, solo se culpaba a dos personas: Luis Videgaray y Carlos Salinas.

“No se puede permitir eso porque la decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unas cuantas personas que son parte hoy del IFT. Quisieron dar este albazo. Entonces no va a proceder, vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda porque no es correcto”, dijo Sheinbaum el viernes pasado.

La historia es así: a un día del inicio de su extinción oficial, el pasado 19 de diciembre, los consejeros del IFT hicieron públicas la convocatoria y las bases de la Licitación (IFT-12) para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de más de 2,000 bloques de espectro radioeléctrico, en particular los servicios de 5G. El gran beneficiario fue AT&T.

El holding multinacional estadounidense de telecomunicaciones se benefició, según José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, porque “la licitación como está planteada no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social”. Merino añadió que el proceso de licitación debe llevarse a cabo con la configuración final del regulador de telecomunicaciones, ya que el IFT se encuentra en proceso de transformación. Este cambio no da certeza jurídica ni al Estado mexicano ni a quienes adquieran concesiones de espectro.

Acto seguido, Canal Catorce, dirigido por Jenaro Villamil, publicó los nombres de los responsables de estas acciones consideradas en detrimento del Estado Mexicano: Videgaray Caso y Salinas de Gortari. Desde 2020, la CEO de AT&T México es Mónica Aspe Bernal, hija del exsecretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe.

Villamil continuó su denuncia periodística con el aval de Palacio Nacional, señalando que Videgaray, artífice en 2013 de la Reforma en Telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto, llenó al IFT de sus recomendados y amigos, como denunció Carlos Slim, el menos beneficiado de todo este enjuague.

En febrero de este año, Slim Helú ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que Gabriel Contreras, primer presidente del IFT, fue puesto por Humberto Castillejos, a las órdenes de Videgaray. “Y este amigo, el presidente del IFT, se fue de director jurídico de AT&T. No se vale. Pues muy mal eso, ¿no? Creo que si va a ser autónomo, que sean autónomos de a deveras”, reprochó entonces Carlos Slim.

Esta denuncia desde la Mañanera no solo se trataría de un raspón directo contra el cerebro del peñanietismo, sino también un guiño al empresario favorito de la 4T. El gran afectado por una mayor participación en el mercado de las telecomunicaciones en México sería América Móvil (Telcel), que domina casi el 64% del espectro concesionado, mientras que AT&T alcanza solo el 22%.

“Ya no es negocio”, dijo Slim en alguna ocasión sobre Telcel. Pues debe serlo si necesita del apoyo de Palacio Nacional para echar atrás las concesiones que el IFT les dio “en un albazo” a su competencia.