Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) consideran urgente revisar y reformar el Reglamento de Fiscalización. Además, abogan por una mayor coordinación entre instituciones para rastrear de manera más eficiente los recursos en las campañas electorales.
El incremento del lavado de dinero, la existencia de empresas fachadas, la triangulación de recursos, las factureras y las campañas en el extranjero han encendido las alarmas en el INE.
La consejera Carla Humphrey insta a abordar este asunto, que ha ido en aumento durante más de una década. Propone una reforma profunda del Reglamento de Fiscalización para que se enfoque “al fondo y no a la forma”. El lavado de dinero, las empresas fachadas y las campañas en el extranjero requieren una regulación urgente, según Humphrey Jordan.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, advierte que el ingreso de dinero ilícito proveniente de la delincuencia organizada, mediante la triangulación de recursos o empresas fachada, representa uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana. El sistema electoral está siendo inundado por recursos de procedencia ilícita, lo que considera un “cáncer” para la democracia.
La consejera electoral Claudia Zavala señala que la gravedad de los temas de lavado de dinero y triangulación de recursos en las campañas electorales debe abordarse con nuevas técnicas de fiscalización y la colaboración de las autoridades estatales, incluyendo las fiscalías.
Humphrey Jordan insiste en la necesidad de reformar el sistema de fiscalización. Propone incluir figuras como el lavado de dinero, la triangulación de recursos y las criptomonedas en el Reglamento.
A pesar de preocuparse por la “pinta” de bardas en todo el país, le inquieta aún más el financiamiento ilícito de las campañas, tanto con recursos públicos como provenientes del crimen organizado.
La falta de información de las autoridades financieras sobre estos movimientos es motivo de preocupación.
En la sesión del Consejo General del 27 de marzo, Humphrey acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de obstaculizar el trabajo de fiscalización del INE.
Durante este año, se han emitido 1,882 requerimientos de información de fiscalización a diversas autoridades para verificar ingresos, egresos y la aplicación de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según Humphrey, enfrenta serios rezagos desde el 2023. De las 69 solicitudes formuladas durante ese año, solo nueve obtuvieron respuesta. Además, de los 13 requerimientos enviados en el presente año, ninguno ha recibido respuesta.
La consejera expresa su preocupación por la persistencia de demoras que obstaculizan las labores de fiscalización del Instituto. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 95% de los 1,792 requerimientos se han recibido entre uno y dos días, lo que refleja una respuesta ágil y sensibilización con los procesos de fiscalización.
Por otro lado, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las 77 solicitudes realizadas este año, 18 se atendieron en un plazo de uno a cinco días, pero 38 están fuera del plazo y 21 aún no tienen respuesta. Los plazos son cruciales, y es fundamental obtener la información dentro de los tiempos establecidos por la norma para que el INE pueda llevar a cabo su labor de fiscalización en relación con los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados.
La consejera electoral Claudia Zavala Pérez considera necesario revisar toda la normativa en torno a la fiscalización para realizar las adecuaciones pertinentes. El objetivo es examinar el origen, uso y destino de los recursos de partidos y candidatos.
Cuando se le pregunta si el reglamento de fiscalización ha quedado rebasado, ella evita afirmarlo categóricamente. Aunque reconoce que existen técnicas de fiscalización válidas, también señala la necesidad de ajustar el proceso. Específicamente, en el contexto de las precampañas y campañas, se requiere una mejora para que la comunicación fluya de manera más eficiente y la información llegue oportunamente.
Zavala coincide con la consejera Humphrey en que algunas instancias dificultan en lugar de facilitar la fiscalización del INE. La Unidad Técnica de Fiscalización necesita datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para cumplir con su labor.
Lamenta que las solicitudes del INE a menudo queden sin respuesta o se reciban tardíamente. Esto limita su capacidad de maniobra, especialmente considerando los estrechos plazos para revisar los informes de ingresos y gastos de partidos y candidaturas.
En resumen, urge revisar y modificar el Reglamento de Fiscalización para profundizar en las investigaciones y garantizar una fiscalización más efectiva.
Campañas adelantadas, ¿dinero irregular?
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, advierte que el financiamiento irregular de las campañas ha sido evidente en los últimos dos años.
Después de las elecciones intermedias de 2021, la oposición registró más votos que Morena y sus aliados. La coalición PRI, PAN y PRD obtuvo 19.5 millones de votos, mientras que MC sumó un poco más de 3.5 millones, lo que en conjunto representa alrededor de 23 millones de votos. En contraste, Morena y sus aliados (los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)) lograron un total de 21.2 millones de votos.
Ante estos números, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió adelantar la campaña y destapó a las “corcholatas” ilegalmente, lo que derivó en el uso de “miles de recursos” con los cuales se “inundó” al país de propaganda.
En la Ciudad de México, se observó una situación similar con espectaculares y pintas de bardas en apoyo a Claudia Sheinbaum, quien buscaba la postulación de su partido como precandidata y, posteriormente, como candidata presidencial, al igual que el resto de los aspirantes.
El legislador del Grupo Plural señala que para llevar a cabo estas campañas se requieren recursos. Sin embargo, al no estar dentro de los tiempos oficiales, no se utiliza dinero ya etiquetado, sino que se recurre a otras fuentes de financiamiento ilícito.
Por ello, hace un llamado a fortalecer el sistema de fiscalización para evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita, la triangulación y otras acciones que dañan la democracia del país.
¿Cuál es la ruta de fiscalización?
El objetivo de la fiscalización que realiza el INE es revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes por cualquier tipo de financiamiento.
Una vez que los precandidatos y candidatos entregan sus respectivos informes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizar los “cruces” de información y elaborar un oficio de errores y omisiones. Este oficio se envía a los partidos políticos para que lo revisen y, en su caso, envíen la documentación solicitada.
La Unidad Técnica es responsable de emitir los dictámenes a partir de la revisión de los ingresos y gastos reportados por los candidatos. Además, realiza tareas de monitoreo y auditoría para detectar operaciones y gastos no reportados.
Los dictámenes y resoluciones contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes, así como las sanciones propuestas.
Posteriormente, la Comisión de Fiscalización discute, modifica y aprueba los dictámenes y resoluciones.
Compete al Consejo General del INE discutir, aprobar o modificar los dictámenes y resoluciones, los cuales pueden ser impugnados por los partidos políticos o candidatos ante el Tribunal Electoral.
Y serán los órganos jurisdiccionales federal o locales, los encargados de validar los dictámenes y resoluciones.
A partir del cruce de información, la Unidad ve si fueron atendidas o no las observaciones que hizo a los partidos y elabora un dictamen en el que dice “esto sí quedó solventado, esto no quedó solventado”, para posteriormente presentar una resolución al Consejo General que en su caso, definirá, si procede o no alguna sanción.