La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad del decreto que reformó la Ley de Minería en 2022, con el que se establece al litio y otros minerales como áreas estratégicas de la Nación y se reserva de manera exclusiva al Estado su control.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2022, el Pleno del máximo tribunal avaló por unanimidad las modificaciones legales que convierten la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en una actividad estratégica, además de prohibir el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos o permisos a particulares.

La Corte sostuvo que dichas disposiciones adquirieron rango constitucional tras la reforma de 2024, por lo que ahora constituyen el parámetro de validez del orden jurídico mexicano. En este sentido, se reafirma la rectoría exclusiva del Estado sobre este recurso considerado clave para el desarrollo energético y tecnológico del país.

En cuanto a los argumentos relacionados con la falta de consulta indígena, la SCJN precisó que, aunque la legislación impugnada no genera una afectación directa y diferenciada a pueblos y comunidades indígenas, este tipo de reclamos únicamente puede ser promovido por dichos grupos y no por una minoría legislativa, como ocurrió en este caso.

Finalmente, el Pleno también validó la disposición que establece que los yacimientos de litio deberán ser considerados como zonas de reserva minera, consolidando así el control estatal sobre su aprovechamiento.