Por César Olvera

La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal desde la Secretaría de Marina, ha sacudido los cimientos del aparato militar mexicano y reconfigurado las alianzas internas del gabinete de seguridad. En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el escándalo se celebra como una victoria institucional y política: no solo debilita a la Marina, sino que fortalece su posición frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y ante los ojos de Washington.

Farías, sobrino político del exsecretario Rafael Ojeda Durán, fue arrestado junto a otros mandos navales y empresarios vinculados al contrabando de combustible desde puertos como Tampico y Altamira. La operación, que incluyó el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel, fue presentada por el gobierno como una muestra de “cero impunidades”. Pero en los pasillos de la Sedena, el mensaje fue otro: el Ejército gana terreno frente a una Marina debilitada por el nepotismo y la corrupción.

El pedido de Washington

La caída de Farías no fue espontánea. Fuentes cercanas al general Ricardo Trevilla confirmaron que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió en su visita a la Ciudad de México una investigación sobre el papel de las fuerzas armadas en el crimen organizado. El Pentágono, que históricamente ha preferido operar con la Marina por su estructura y entrenamiento, ahora enfrenta dudas sobre su confiabilidad. En Sedena lo interpretan como una oportunidad: si la Marina pierde credibilidad, el Ejército y la Guardia Nacional ganan protagonismo en la cooperación bilateral.

Sheinbaum y el blindaje militar

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cerrado filas con el Ejército. A pesar de las quejas de varios gobernadores por el despliegue militar en sus estados, la mandataria ha respaldado a los uniformados en cada episodio crítico: desde el descarrilamiento del Tren Maya hasta los operativos en Sinaloa y Tabasco, donde Sedena tiene prácticamente el control administrativo.

Trevilla, a pesar de su pasado calderonista, vive su mejor momento con Palacio Nacional. Las empresas militares están integradas en los planes de infraestructura de Sheinbaum, y la Sedena mantiene el control total de la Guardia Nacional. En este contexto, el escándalo de Farías no solo limpia el terreno, sino que refuerza la narrativa presidencial de combate a la corrupción sin concesiones.

Ramificaciones en el gabinete

La detención del vicealmirante también sacude el gabinete. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, mantiene vínculos personales con Ojeda y Farías. En la Cancillería, el caso complica las aspiraciones de Ojeda para convertirse en embajador en Washington, en reemplazo de Esteban Moctezuma. Con el arresto de su sobrino político, esa posibilidad se desvanece.

Mientras tanto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, intenta contener el daño institucional. “El actuar aislado de unos cuantos no representa a la Marina”, declaró en conferencia de prensa. Pero el golpe ya está dado: la red de protección que blindó a ciertos mandos navales comienza a resquebrajarse, y en Sedena lo saben.

¿Reconfiguración o revancha?

La caída de Farías es más que un caso judicial. Es una jugada estratégica que reconfigura el equilibrio de poder entre las fuerzas armadas, la presidencia y los aliados internacionales. En Sedena lo celebran. En Marina, lo lamentan. Y en Palacio Nacional, se capitaliza.